El juicio de la tragedia del Madrid Arena empieza sin ningún político en el banquillo

Los responsables de la trágica fiesta de Halloween celebrada en el pabellón Madrid Arena en el 2012 se sientan en banquillo a partir de este martes. Son un total de 15 acusados entre los que no figura ningún cargo político de la Administración de Ana Botella, entonces alcaldesa de Madrid, y cuyas penas máximas pueden alcanzar los cuatro años de cárcel, un castigo que para las familias de las cinco jóvenes fallecidas y la treintena de heridos es “un insulto” a su memoria.

El juicio ha generado una gran expectación, con 60 medios y 200 profesionales acreditados. Empezará con las cuestiones previas, que pueden llevar un par de días, y continuará con la declaración de Miguel Ángel Flores, el promotor de la fiesta, a la que seguirá la del resto de los acusados. Dado el gran número de pruebas, peritos y testimonios que se presentarán, el fiscal estima una vista muy larga, de entre cinco y seis meses. También intervendrán las siete acusaciones particulares y las dos populares (el grupo municipal del PSOE y Manos Limpias), así como cuatro responsables civiles directos y seis subsidiarios.

SOBREAFORO DESMESURADO

El principal encausado y el hombre en el que se fijarán todas las miradas es Flores. A él le atribuyen al unísono el juez, las acusaciones particulares y populares y la fiscalía la mayor responsabilidad por haber permitido un “desmesurado sobreaforo” que propició las avalanchas mortales producidas en una de las vías de salida.

{"zeta-legacy-key":{"title":"Las PREGUNTAS\u00a0","keys":[{"title":"\u00bfQu\u00e9\u00a0ocurri\u00f3 en la fiesta?","description":"\u00a0Una avalancha debida al exceso de aforo acab\u00f3 con la vida de Critina Arce y Katia Esteban, de 18 a\u00f1os. Ambas fallecieron en el recinto sin que el servicio m\u00e9dico actuara. Roc\u00edo\u00a0O\u00f1a, tambi\u00e9n de 18 a\u00f1os, muri\u00f3 en el\u00a0hospital, mientras que Bel\u00e9n\u00a0Langdon, de 17, y Teresa Alonso, de 20, fallecieron d\u00edas despu\u00e9s a causa\u00a0de las heridas."},{"title":"\u00bfC\u00f3mo se vendieron las entradas?","description":"\u00a0Pese a que en el contrato figura un aforo m\u00e1ximo de 7.000 personas, los informes se\u00f1alan\u00a0que se imprimieron\u00a017.500 entradas, mientras que otras 5.635 se vendieron por internet. A esto habr\u00eda que a\u00f1adir los asistentes que revendieron\u00a0sus billetes una vez hab\u00edan entrado y las 3.000 personas que entraron en tromba procedentes de\u00a0un botell\u00f3n."},{"title":"\u00bfPor qu\u00e9\u00a0no hay ning\u00fan pol\u00edtico acusado?\u00a0","description":"La fiscal\u00eda entiende\u00a0que la reponsabilidad\u00a0de los dirigentes municipales encargados de la seguridad o del recinto\u00a0no tiene relevancia penal. Antonio De Guindos, concejal de Seguridad, lleg\u00f3 a estar imputado, lo que llev\u00f3 a su dimisi\u00f3n, pero posteriormente qued\u00f3 exonerado. Antes hab\u00edan dimitido los concejales Miguel \u00c1ngel Villanueva, F\u00e1tima N\u00fa\u00f1ez y Pedro Calvo. El esc\u00e1ndalo enturbi\u00f3 el mandato de Ana Botella, quien tras la tragedia se fue a un spa de Portugal."}]}}

De los 7.000 espectadores que figuraban en el contrato se pasó a dejar entrar a unos 23.000 sin que se modificaran las medidas de seguridad previstas ni estuvieran abiertos más que tres de los ocho vomitorios del pabellón. Los cinco restantes estaban obstruidos por barras para servir comidas y bebidas y el escenario.

“No fue un accidente, sino un hecho absolutamente evitable, una imprudencia, una falta de cuidado, una omisión, que contribuye al resultado”, ha explicado el fiscal jefe provincial, José Javier Polo, que ha asegurado que no sería “legal” solicitar una pena superior. La petición de la fiscalía es de cuatro años de cárcel por cinco delitos de homicidio imprudente, pero el Código Penal impide que se acumulen las penas de cada uno de ellos.

Flores basará su estrategia en negar que se superara el aforo y alegará que, en caso de que esto se hubiera producido, tampoco influyó en las muertes. Ni siquiera ha presentado previamente escrito de defensa, lo que equivale a no reconocer ninguno de los hechos delictivos que se le imputan, a declararse totalmente inocente.

GESTORES Y SANITARIOS

El resto de los acusados son responsables de las empresas de seguridad Seguriber y Kontrol 34 y los responsables de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos, encargada de la gestión del pabellón, así como los médicos y enfermeros que atendieron a las víctimas. Las peticiones de penas van desde esos cuatro años de cárcel a dos años y medio, mientras que las indemnizaciones reclamadas por la fiscalía oscilan entre los 243.587 euros de las familias de los fallecidos y los 259 euros de uno de los heridos.  

La avalancha mortal se produjo a las tres de la madrugada, durante la actuación del disc-jockey Steve Aoki. Un poco antes, unos 3.000 jóvenes que hacían botellón en las proximidades del recinto habían entrado precipitadamente sin que los servicios de seguridad, con varias de sus cámaras averiadas, llegaran a intervenir. Tampoco lo hizo la policía municipal, cuyo máximo responsable en esos momentos, Emilio Monteagudo, se sentará en el banquillo imputado a instancias de las acusaciones particulares y populares pero exonerado por la fiscalía.

{"zeta-legacy-despiece-horizontal":{"title":"Los principales acusados","text":"Carlos Manzanares.\u00a0Propietario y apoderado de Kontrol 34, la empresa encargada de controlar los accesos. Se le acusa de no preocuparse de \"que sus trabajadores relicen su funci\u00f3n\". Por razones parecidas se sienta en el banquillo el socio minoritario de la misma sociedad."}}