INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Los médicos cobraban entre 400 y más de 1.000 euros por colocar prótesis de Traiber

El juez del 'caso Innova' detalla en un auto presuntos pagos irregulares a medio centenar de especiaistas de los principales hospitales catalanes

Luis Márquez, gerente de la empresa de prótesis Traiber, en el 2005.

Luis Márquez, gerente de la empresa de prótesis Traiber, en el 2005.

RAFAEL MORALES / TARRAGONA

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El medio centenar de médicos traumatólogos de más de 20 hospitales catalanes imputados por el implante de prótesis de Traiber recibían, presuntamente en forma de pagos irregulares por parte de la empresa, cantidades de entre 400 y más de 1.000 euros por cada operación quirúrgica. El auto del juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Reus, Diego Álvarez de Juan, hecho público el miércoles, detalla "regalos" a los médicos y una reunión en la que se fijan los pagos por colocar las prótesis, algunas de las cuales resultaron ser defectuosas o caducadas.

El juez explica que, sobre "los presuntos sobornos en metálico a médicos para colocar sus prótesis", destacan diferentes pagos por su apariencia delictiva, "tanto de quien paga como de quien recibe", a médicos en concepto de regalos de Navidad, viajes a congresos, colaboraciones y contratos de derechos. Sobre este último aspecto aclara que hay indicios para pensar que "lo que Traiber entiende por 'royalties' (derechos) en realidad son, presuntamente, negocios jurídicos simulados que se utilizan para para encubrir el pago de comisiones irregulares".

{"zeta-legacy-despiece-vertical":{"title":"Los colegios de\u00a0m\u00e9dicos exigen celeridad al juez","text":"El Consell de Col\u00b7legis de Metges de Catalunya (CCMC), organismo que representa a todos los m\u00e9dicos colegiados, ha solicitado este jueves en un comunicado que los \u00f3rganos judiciales aclaren \"lo m\u00e1s pronto posible\"\u00a0si la inculpaci\u00f3n masiva de m\u00e9dicos por el 'caso Traiber'\u00a0se debe a una infracci\u00f3n administrativa o a una acusaci\u00f3n por da\u00f1os en\u00a0la salud de los pacientes. El CCMC invoca el principio de presunci\u00f3n de inocencia y se muestra en desacuerdo con los estamentos\u00a0judiciales que han difundido a los medios de comunicaci\u00f3n la lista de nombres de \u201cm\u00e9dicos de prestigio\u201d sin notificarlo antes a los interesados y \"sin aclarar su participaci\u00f3n en los hechos\"."}}

Se refiere el juez a un informe del 15 de noviembre del 2010, incautado en uno de los registros de la Guardia Civil, en el que se refleja el contenido de una reunión a la que asistió el propietario de Traiber, Luis Márquez, “para hablar de 'royalties”. El documento detalla, según el auto judicial, que “el pago para traumas implante vía mútuas” es de 400 euros (“el 14% sobre el valor medio facturado”, especifica).

También detalla tres tipos de pagos para intervenciones que se hagan por la vía privada: del 22% sobre el valor facturado en las intervenciones que valgan entre 4.000 y 4.999 euros; el 24% para las facturadas entre 5.000 y 5.599 euros; y del 25% sobre el valor en las que la facturación sea superior a 5.600 euros (unos 1.400 euros de comisión).

MÁS DE 6.000 USUARIOS

"Si se establece las retenciones fiscales correspondientes, los 'royalties' quedarán establecidos en un 15% sobre el valor facturado", explica el el texto aportado por el juez. En el mismo describe que los implicados contemplan diversas excepciones, como es el caso de un médico al que fijan 1.800 euros "en concepto de 'royalty' por intervención de implante de cadera". También menciona una nota manuscrita de una reunión del 15 de de diciembre del 2009 en el Hospital Verge de la Cinta de Tortosa donde se lee: "De todo lo que coloquen se les pagará un 'royalty' del 20%".

El juez del 'caso Innova', que investiga multitud de irregularidades en la gestión del conglomerado de empresas municipales de Reus (Baix Camp), levantó ayer parte del secreto de sumario de la pieza separada cuatro, entre las 14 que están abiertas, referida a la empresa Traiber. La misma cesó en su actividad a finales del 2014 tras desatar la alarma entre más de 6.000 usuarios por el presunto uso de prótesis de rodilla, cadera y columna caducadas.