Victoria judicial de las víctimas del amianto frente a los fabricantes

Además de sufrir las terribles secuelas del deterioro de su salud, numerosos trabajadores expuestos al efecto nocivo del amianto en su etapa laboral, así como sus familias, se sentían doblemente víctimas por una inconcreción legal que en no pocas ocasiones les despojaba de los recargos a cobrar en sus prestaciones de invalidez o viudedad. Los operarios de empresas en las que se incumplió la normativa de protección de la salud y que fueron absorbidas por una nueva compañía reclamaban el abono de este incremento en sus prestaciones, pero la compañía matriz lo desestimaba alegando que las infracciones sucedieron antes de la fusión empresarial, por lo que no se sentía responsable. Eso obligaba a los antiguos empleados a emprender una batalla judicial que se saldaba con sentencias dispares. Hasta ahora. El Tribunal Supremo ha dado la razón a un antiguo trabajador de Rocalla, que acabó integrada en UralitaUralita, en una decisión que el alto tribunal ha aprovechado para unificar doctrina y sentar jurisprudencia a favor de los trabajadores.

Una victoria a título póstumo la que ha brindado la lucha de Juan Molina Pérez, fallecido en 1998, y que alcanzará a muchos más. Del avance se beneficiarán exempleados enfermos y viudas de aquellos trabajadores que han perdido la vida a causa del impacto de esta sustancia tóxica. Y pese a que no hay registros oficiales sobre el censo de víctimas en España, Juan Carlos Paúl, presidente de la Asociación de Víctimas del Amianto (Avida), hace la estimación de que los beneficiarios por esta decisión «superan las 10.000 personas». Desde la asociación de afectados de El Prat, su presidente, Benedicto Martino, la eleva a 12.000. Avida cifra en 20.000 los afectados registrados en España.

La magnitud de la decisión judicial se aprecia con claridad desde los despachos del Col·lectiu Ronda, que defendió los intereses de Molina y que en los últimos días ve «cómo se van sucediendo sentencias del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que aplican el criterio establecido por el Supremo para resolver casos sobre recargos que llevaban años paralizados» , expone Marta Barrera, abogada de la cooperativa jurídica, que defiende los intereses de medio millar de afectados. En el caso del amianto el recargo acostumbra a ser del 50% de la pensión, el máximo permitido por la ley.

La decisión la adoptó de forma unánime el pleno de la Sala de lo Social del Supremo, atendiendo a la necesidad de unificar el criterio y a partir de una sentencia adoptada por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre una multa impuesta a una empresa portuguesa por infracciones laborales cometidas antes de su absorción por otra compañía. La nueva compañía se negaba a afrontar el pago de la sanción, pero el TJUE resolvió que debía asumirlo.

RETRASAR EL PROCESO

«La sentencia marca un antes y un después en las reclamaciones de las víctimas y de sus familias, y va mucho más allá del entorno de Rocalla y Uralita, ya que se podrá aplicar en la casuística de cualquier sucesión de empresas que hayan incumplido la normativa», expuso Paúl. El dirigente de Avida apuntó también a aspectos intangibles, dado que va a servir para «perder miedo a litigar con los poderosos». Uralita declinó realizar declaraciones sobre este cambio de doctrina del Supremo.

«Las empresas recurren y ralentizan el proceso porque el tiempo juega a su favor: cada día que pasa, más cerca están de la muerte los denunciantes; muchos no viven para ver la sentencia», expuso Paúl. «Muchos afectados que no creían en la justicia, con decisiones así, se atreverán a ejercer sus derechos», dijo Martino.

El dictamen también podrá utilizarse «de forma como apoyo» en los juicios de víctimas ambientales del asbesto o de esposas que, por ejemplo, lavaban la ropa contaminada de su marido, sostuvo Barrera. Un paso más para «tratar de normalizar» una situación, en la que Paúl sitúa a España «a remolque» en Europa, lejos de la experiencia de Francia o Bélgica, con fondos de compensación para las víctimas con aportaciones del Estado y las empresas

«Ahora que parece acabar la conspiración del silencio del poder y las empresas hay que regular para que no surjan más perjudicados por el amianto de edificios o instalaciones con un porcentaje elevado y descontrolado de asbesto», dijo Paúl. «Si realmente aprendiéramos del pasado, víctimas como las de Uralita deberían ser las últimas por esta lacra», zanjó el dirigente de Avida.