El registro de pederastas incluirá a todos los delincuentes sexuales

El registro central de pederastas destinado a evitar que estos puedan ocupar trabajos relacionados con la infancia incluirá a todos los «condenados por delitos contra la libertad sexual, trata de seres humanos y explotación de menores», según la enmienda presentada por el PP al proyecto de ley de protección de la infancia y la adolescencia y aprobada ayer por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso.

El Gobierno anunció en abril del pasado año su intención de crear el registro en el marco de esta reforma legislativa, pero luego no lo introdujo en el texto del proyecto de ley remitido a las Cortes. «Estábamos a la espera de encontrar la fórmula más adecuada con la colaboración del Ministerio de Justicia», explicaron fuentes de Sanidad.

La fórmula definitiva la ha introducido el grupo parlamentario popular a través de la citada enmienda, según la cual los datos de los condenados incluirán también su perfil genético, así como la comisión de delitos en el extranjero. Serán los profesionales que opten a ser profesores, pediatras, monitores o cuidadores los que deberán aportar un certificado del registro conforme no han incurrido en delitos de esa índole. Algo así como el antiguo certificado de penales.

Una vez entre en vigor la ley, el Gobierno dispondrá de seis meses para aprobar el reglamento por el que se creará el registro, un texto que deberá ser objeto de sendos informes del Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de Protección de Datos. No es previsible que pueda ponerse en marcha antes del próximo año, dado que la ley aún debe pasar por el pleno del Congreso y por el Senado.

La idea de crear el censo de delincuentes sexuales no es nueva pero siempre se había frenado porque su colisión con derecho a la prescripción del delito arrojaba dudas sobre su constitucionalidad. Ningún grupo parlamentario alzó ayer su voz contra la medida, aunque el proyecto de ley salió adelante con el único voto favorable del PP.

PROTESTAS DE CIU / Uno de los grupos más críticos con el proyecto de ley fue el de CiU, cuyo diputado Carles Campuzano censuró que la nueva norma vaya a arrebatar a las comunidades autónomas la capacidad de decidir en qué países se puede adoptar y la autorización de las entidades acreditadas.