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El Supremo avala el 25% de castellano en la escuela catalana

Rigau deplora la «injerencia» de los jueces para modificar el modelo lingüístico

Santamaría pide a Mas que no haga más interpretación que la estrictamente escolar

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ / BARCELONA

En una decisión de tintes salomónicos, el Tribunal Supremo (TS) hizo públicas ayer dos resoluciones instando a las escuelas catalanas a impartir el 25% de sus clases en castellano cuando un alumno pida ser escolarizado en esta lengua. La medida, que ya aplican ocho colegios desde el curso pasado por orden del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), afecta solo a la clase del estudiante solicitante, precisaron fuentes del TS. El tribunal desestima, en todo caso, la reclamación que habían hecho los padres de los menores para que sus hijos recibieran hasta el 50% de las clases en castellano y desoye también la petición de la Generalitat, que solicitaba mantener tal cual el modelo lingüístico en los centros afectados, ofreciendo un servicio de atención individualizada a esos alumnos.

Una de las novedades de la resolución del TS es que ordena impartir en castellano no solo la asignatura de Lengua Castellana, sino también alguna otra de las materias troncales. De momento, la disposición afecta solo a una clase del colegio de las Escolapias de Sant Josep de Calassanç de Sabadell (Vallès Occidental), que es a la que se refiere una de las interlocutorias. La otra responde a la petición del padre de un estudiante que cursó la primaria en un colegio de Badalona, pero este ya ha terminado la educación obligatoria, que ha estudiado en un instituto público de Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental).

En todo caso, subrayó ayer la consellera de Ensenyament, Irene Rigau, se trata de dos familias que habían incluso solicitado el 50% de castellano para sus hijos, pero el TS «avala que en los dos casos el 25% es ya adecuado». Rigau censuró que estén siendo los jueces, en este caso el TS, quienes están intentando modificar el modelo lingüístico de Catalunya. En sentencias anteriores, indicó Rigau, «el Supremo siempre había reconocido que es la Generalitat la que debe dictar cuál es la proporción razonable de clases impartidas en castellano». Esta vez, los jueces dan un paso más allá y dictan ellos el porcentaje, siguiendo la senda iniciada por el TSJC.

RÁPIDA REACCIÓN POLÍTICA

 Desde el Gobierno central, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría instó a la Generalitat a que «acate» la decisión del TS porque «la libertad de padres y alumnos es fundamental» y la tiene que respetar «todo el mundo», informa Pilar Santos. Santamaría reclamó ayer al presidente de la Generalitat, Artur Mas, tras el Consejo de Ministros, que «no haga ninguna otra interpretación» del fallo del alto tribunal y se limite a cumplirlo.

Mas alertó del acoso que está sufriendo el modelo de inmersión lingüística, informa Fidel Masreal. «Se está intentando, por la vía de forzar el derecho y de recurrir a los tribunales, actuar contra lo que tiene un amplio consenso social en este país, independientemente del origen de los ciudadanos». El president señaló que «cuando se intenta alterar el consenso social en una materia sensible para cualquier país y cultura, las actuaciones no son justas, ni honestas y no son útiles».

Los magistrados del TS reprochan, sin embargo, a la Generalitat su «incumplimiento» de decisiones del alto tribunal desde hace cinco años. Lamentan que la Administración catalana ha hecho dejación de su potestad y ha venido desatendiendo los sucesivos requerimientos efectuados para que se aplicasen las sentencias. Por ello, considera que la decisión del TSJC de fijar el porcentaje del 25% «no constituye una inaplicación de los preceptos correspondientes al Estatuto de Autonomía y la ley catalana de educación, sino que da cumplimiento a los mismos». Las resoluciones de ayer desestiman una vez más la «atención individualizada», porque, en su opinión, conduce a una situación de discriminación «idéntica a la separación en grupos por razón de la lengua habitual».

La comunidad educativa en bloque volvió a reiterar ayer su apoyo a la inmersión lingüística, igual que hizo el miércoles cuando se conoció el recurso del Ministerio de Educación exigiendo que el castellano se incluya como opción de lengua vehicular en los formularios de preinscripción. También el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, que recordó que «el modelo de política lingüística en Catalunya tiene 32 años de existencia y está avalado por la comunidad educativa, por la experiencia y la política de igualdad», insistió en que deben de ser las autoridades educativas las que tengan competencias en esta materia. En un acto en Tarragona, Ribó explicó que en los informes de todos los tratados internacionales suscritos por España se admite que el conocimiento del castellano en Catalunya «es igual o superior» al de otras comunidades autónomas, informa Rafael Morales.

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