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EL DEBATE SOBRE LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO

El PP plantea ahora que el aborto deje de ser un derecho

Rajoy intenta evitar que varios diputados provida voten contra la minirreforma

Los díscolos solo ven un mero «cambio nominal» que no evitará su rechazo

MANUEL VILASERÓ / MADRID

La minirreforma del aborto lanzada por el grupo parlamentario popular el pasado febrero puede acabar siendo más dura de lo anunciado. Ante la amenaza de un pequeño grupo de diputados antiabortistas de votar en contra el próximo martes en el pleno del Congreso, su portavoz, Rafael Hernando, ha ofrecido la posibilidad de ampliar los cambios, limitados hasta ahora a impedir el aborto de las adolescentes que no cuenten con el permiso paterno. No se trataría de volver a la contrarreforma de máximos pilotada por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, pero sí de introducir modificaciones puntuales cuyo alcance está por ver. Por ahora la oferta hecha a los díscolos consiste en la supresión del reconocimiento genérico que hace la legislación vigente del aborto como un derecho de la mujer.

Hernando admitió ayer que su formación ha abierto «un proceso de diálogo interno para buscar un consenso» con el  objetivo de que la proposición de ley sea coherente «con el recurso de inconstitucionalidad que diputados populares interpusieron contra la ley vigente, basado en que el aborto no es un derecho». Unas horas antes, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, había lanzado en una entrevista radiofónica el mismo mensaje. «El aborto no es un derecho. Debe quedar claro y queda claro en la defensa de la vida que garantiza la Constitución».

LA VOTACIÓN DEL MARTES

El objetivo de la dirección del PP es atar el acuerdo antes del martes, el día que el pleno del Congreso se pronunciará sobre la admisión a trámite de la proposición de ley. Tras la marejada interna causada por el descalabro en las elecciones andaluzas, los dirigentes conservadores quieren evitar a toda costa otra imagen de división. Una vez cerrado el acuerdo interno los cambios podrían introducirse más adelante, durante la tramitación parlamentaria, a través de una enmienda del grupo popular.

La idea inicial sería suprimir el punto dos del artículo tres de la denominada 'ley Aído', en el que, textualmente, «se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida». No parece que los díscolos vayan a darse por satisfechos. Uno de ellos, el diputado por Guipúzcoa José Eugenio Azpiroz, indicó a este diario que su posición seguiría siendo de rechazo porque, en su opinión, no basta con suprimir «nominalmente» el derecho si este se mantiene «de modo efectivo al permitir a la mujer abortar libremente hasta las 14 semanas».

LIBERTAD DE VOTO

Azpiroz pidió una vez más que se les permita «votar en conciencia», lo mismo que Rafael Hernando exigió a los socialistas. A sus parlamentarios, les ha amenazado en cambio con sanciones si rompen la disciplina de voto.

Los colectivos provida con los que comulgan esos diputados y senadores reaccionaron de modo muy similar. El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, calificó el cambio de «puramente nominalista». «Lo que hace que el aborto sea un derecho en España es que la mujer puede abortar libremente durante las primeras 14 semanas», advirtió. Para Gádor Joya, portavoz de Derecho a Vivir, el Ejecutivo está intentando «quedar bien ante el electorado que le exige que cumpla con su programa electoral» pero advirtió de que están ya «cansados de que el Gobierno piense» que puede someterlos a este «vaivén de opiniones y a este toreo dialéctico».

Luis Peral, senador conservador que forma parte del grupo de antiabortistas, dejó claro por su parte, también en declaraciones a este diario, que su apoyo solo será posible si el PP traslada a su iniciativa parlamentaria los postulados del recurso de inconstitucionalidad presentado por parlamentarios de partido en el 2010.

A los partidos de la oposición y a los colectivos de mujeres se les dispararon todas las alarmas. Carmen Montón, responsable de Igualdad del PSOE, advirtió de que aunque solo se tocara ese artículo podría abrirse la puerta a que algunas autonomías empezaran a poner pegas para practicar los abortos en la red sanitaria pública. «Es abrir un camino para volver a lo de antes pero sin que lo parezca», criticó. A su juicio, el PP ha reiniciado este debate ante «la falta de credibilidad de Rajoy entre los sectores más conservadores de la ciudadanía, cuyos votos quiere recuperar «utilizando los derechos de las mujeres como moneda de cambio».

OCURRENCIAS

Varios colectivos feministas acusaron también a Rajoy de usar a las mujeres como arma electoral. «Las ocurrencias que tienen los protagonistas de esta historia se dirimen en los medios de comunicación antes que en la negociación con la sociedad civil o con ningún otro agente», criticó Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres.

Temas: Gobierno PP Aborto

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