18 imputados por hacer caso omiso del peligro del Castor

Ya lleva un año y tres meses paralizado como macroproyecto gasístico, ahora oficialmente en «hibernación», pero el Castor evoluciona, al menos como caso judicial en los tribunales. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón) ha abierto diligencias previas que incluyen la declaración como imputados de 17 personas, además de la mercantil Escal UGS -en la persona de su representante legal-, por presunta prevaricación ambiental y delitos contra el medioambiente y los recursos naturales en la concesión de las licencias de explotación y en la puesta en marcha del proyecto. Entre los imputados figuran ocho miembros del consejo de administración de la empresa promotora y nueve técnicos, funcionarios y cargos de los ministerios de Industria y Medio Ambiente, entre ellos directores generales.

Así, en el auto dictado ayer, el juez dispone citar a declarar como imputados a cinco responsables del informe del Instituto Geológico y Minero emitido el 23 de enero del 2007 que validó la viabilidad técnica del proyecto Castor y propició la concesión de explotación aprobada por el Consejo de Ministros en mayo del 2008. También llama a prestar declaración a los cinco responsables de la resolución dictada en junio del 2010 por la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Industria, que incluía la declaración de impacto ambiental avalada por el Ministerio de Medio Ambiente. Se les imputa un presunto delito de prevaricación ambiental. Por su parte, los directivos de la empresa Escal UGS deberán responder de un presunto delito contra el medioambiente y los recursos naturales.

SIN ALUSIÓN A LAS FALLAS

El informe del Instituto Geológico y Minero que derivó en la concesión de explotación concluyó que «la estructura Castor se entiende apta para el almacenamiento de gas natural», sin referencias a la existencia de fallas activas en el entorno del almacén ni a la posibilidad de inducir seísmos, ni tampoco a la necesidad de realizar estudios de peligrosidad sísmica. El mismo instituto elaboró un informe el 23 de diciembre del 2013, cuando la crisis sísmica en torno al almacén Castor ya se había producido, en el que apuntaba la conveniencia de estudios de peligrosidad sísmica en actividades que conlleven la extracción o inyección de fluidos en el subsuelo.

El juzgado pone un segundo foco de atención en la resolución del Ministerio de Industria de junio del 2010 que otorgó la autorización administrativa y reconocía la utilidad pública de las instalaciones gasísticas, aceptando la declaración de impacto ambiental favorable al proyecto. Esta declaración afirmaba incluir «los principales impactos y las medidas preventivas y correctoras» del proyecto. El juez expone que a pesar de que en la fase de consultas y de información pública se puso de manifiesto el riesgo derivado de la posible sismicidad inducida que pudiera provocar el proyecto Castor, «no se introduce ningún condicionante, ni se solicitan aclaraciones ni nuevos estudios a los organismos públicos con competencia en la materia». De hecho, en primera instancia, durante los trámites de consulta, la Administración reclamó a Escal UGS estudios sobre la frecuencia de la actividad sísmica en la zona, cuya conveniencia había apuntado el Observatori de l'Ebre. Sin embargo, el promotor desestimó esa medida y la Administración «consintió» el rechazo, apunta el auto.

ESTUDIOS INTERNOS

Respecto a la empresa Escal UGS, el juez recuerda que fue durante el comienzo de las operaciones de inyección del gas colchón, entre el 14 de junio y el 17 de septiembre del 2013, cuando empezaron a registrarse los movimientos sísmicos, cuya mayor magnitud, 4,2 grados en la escala Richter, se alcanzó el 1 de octubre. A pesar de que en estudios internos de la promotora constaba que se podían alcanzar terremotos de hasta 4,8 grados, ello «no paralizó las actividades de inyección de gas hasta concluir la última fase de inyección de gas colchón, haciendo caso omiso de las varias advertencias efectuadas directamente» por el Observatori de l'Ebre, concluye el juez. Escal renunció el pasado mes de julio a la concesión de explotación del almacén y el Gobierno aprobó y pagó una indemnización de 1.350 millones de euros para compensar el coste de la inversión.