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EXAMEN QUINQUENAL

Varias oenegés denuncian el deterioro de los derechos humanos en España

Censuran recortes en derechos como alimentación, salud, vivienda, expresión, reunión y asilo

La reforma de la ley de seguridad ciudadana, la implantación de tasas judiciales, los recortes en sanidad o los centros de internamiento de extranjeros son algunos de los argumentos que han aportado varias oenegés y entidades a la ONU para denunciar que en España se están deteriorando los derechos humanos.

Según ha informado el Instituto de Derechos Humanos de Catalunya (IDHC), el próximo miércoles España se someterá en Ginebra (Suiza) al Examen Periódico Universal (EPU), un procedimiento de las Naciones Unidas que evalúa el grado de cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

El IDHC ha asegurado que desde 2010, cuando España se sometió a la EPU por primera vez, "el Gobierno ha utilizado el pretexto de la crisis económica para implementar numerosas reformas que limitan y restringen derechos", por lo que han enviado a la ONU informes "denunciando graves restricciones de los derechos humanos para que sean considerados en el examen del próximo 21 de enero".

La sesión, en la que participan delegaciones de todos los estados miembros de la ONU, forma parte del EPU, un procedimiento en el que todos los estados están obligados a someterse para evaluar el grado de cumplimiento de la legislación internacional en materia de derechos humanos.

Efectos de las medidas de austeridad

Entidades como el IDHC, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Educación por la Acción Crítica, Entrepueblos, el Observatorio DESC o SOS Racisme han denunciado ante la ONU algunas medidas como la limitación de la justicia universal, los efectos de las medidas de austeridad o las reformas legislativas restrictivas para que sean tenidas en cuenta en la sesión del miércoles. 

Las reformas del Gobierno que afectan el derecho a la salud y que rompen el modelo de acceso universal gratuito o el derecho a una vivienda digna son otros de los argumentos de las entidades, que destacan los miles de desahucios que está habiendo en España por impagos de hipotecas y alquileres.

"El derecho a la alimentación se ve afectado por la situación de desempleo provocada por la crisis, que supone una situación de pobreza alimentaria, malnutrición, reducción o congelación de las becas comedor, entre otros", figura en otro de los argumentos.

La ley de seguridad ciudadana, que, según dicen, afecta a los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacíficas, las expulsiones de extranjeros en las fronteras de Ceuta y Melilla o los recortes en la cooperación al desarrollo son otras de las denuncias de las entidades. 

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