IRREGULARIDADES EN LA ALTA VELOCIDAD
El juez investiga también si Ferrovial infló las facturas de acero en el AVE
J. G. ALBALAT / ELENA PARREÑO / BARCELONA
La constructora Ferrovial colocaba menos acero en los viaductos de las obras del AVE en Catalunya del que le cobraba a Adif, la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias en España, según la denuncia presentada por el extrabajador de la constructora Vicente S., que es investigada por un juzgado de Alcalà de Henares. EL PERIÓDICO ha tenido acceso a documentos y a testigos que corroboran esta artimaña supuestamente destinada a defraudar al erario público. Adif se ha personado este lunes en el proceso judicial en calidad de perjudicada, después de que ayer mismo este diario informase de la investigación judicial, que también comprende una denuncia por sobornos de la constructora a dos directivos de Adif.
Solo en 10 obras del 2007 (viaductos de Papiol y Cervelló, entre otras), la diferencia entre el acero empleado y el cobrado ascendería a casi 1.200 toneladas, según un estadillo que obra en manos del juez y al que ha tenido acceso este diario. Este desfase supuso un sobrecoste de aproximadamente 600.000 euros.
El empleado de Ferrovial que contabilizó esas diferencias entre el material usado y el certificado, Jesús M., hoy jubilado, confirmó a este diario ser el autor de los estadillos y que él mismo le entregó copias de los mismos al denunciante. «Se utilizaba el acero que especificaba el proyecto, pero, en ocasiones, se certificaba un poco más para cubrir imprevistos en la obra que no estaban presupuestados», admitió Jesús M. Otro testigo y extrabajador de Ferrovial confirmó que se empleaba ese método. La documentación sobre estas práctica fue aportada por Vicente S. al juez y también al Buzón X de Xnet, con el que colaboran la plataforma 15MpaRato y el Partido X.
Vicente S. ratificó su denuncia ante el juez el 13 de marzo del 2013. En su declaración, señaló que la constructora sobornaba a altos cargos de Adif, tal como avanzó ayer este diario, y vertió estas acusaciones de presunto fraude con el material.
Los estadillos
Vicente S. explicó al juez que en las «cimentaciones de los viaductos se estaba poniendo menos acero que el que se cobraba» a la empresa pública. Para ello, a Adif se le entregaban unos estadillos que reflejaban más cantidad de material que los que remitían a las firmas suministradoreas.
El denunciante dijo que tuvo conocimiento de esto porque se lo contó el autor de los estadillos, Jesús M. Este método, agregó, se utilizó desde el 2006 hasta, al menos, el 2013, cuando Vicente S. presentó la denuncia . «Era una práctica habitual certificar más metal del que se había utilizado. Eso siempre se ha hecho en todas las obras de titularidad pública», afirmó Vicente S. al juez. Directivos de Ferrovial daban luego el visto bueno a los desfases, según el denunciante.
La dirección de Ferrovial se limitó a responder a este diario, a través de un portavoz, que todas las obras del AVE realizadas para Adif eran supervisadas por la empresa pública.
El denunciante respondió al juez que no es posible que la diferencia de entre el acero cobrado y el usado fuera compensada posteriormente. «Parte del metal sobrante se destinaba a la chatarra. La cantidad que se cobraba por ello no se declaraba y se utilizaba para hacer comidas y pagar cantidades a directivos de Adif», argumentó en el juzgado.
HORMIGÓN / En el 2013, Vicente S. también comunicó a Adif las irregularidades denunciadas al juez. Al ente ferroviario le informó además de que «los pilotes de los viaductos de Riells Massanes no son los que en proyecto se pusieron». «El hormigón suministrado en las obras -agregó- no es el que aparece en el contrato y se usó otro de menor precio y similares características». Y añadió que esta práctica era «habitual en todos los tramos del AVE». Vicente S. facilitó a Adif diversos documentos para apoyar su denuncia, como contratos y albaranes de proveedores que no concuerdan con el material incluido en el proyecto de obra.
En su denuncia, Vicente S. hace referencia a la estación de Reus, cuya construcción fue suspendida por los recortes de Fomento. Según el denunciante, «se facturó a Fomento con cargo por seguridad y salud cuando el técnico de prevención no estuvo nunca en esa obra», y la constructora facturó por aquella estación dos millones de euros, una cantidad muy superior al coste real de los trabajos, que apenas habían sido iniciados. Vicente S. no dijo nada en ese momento, asegura, porque temía por su puesto de trabajo.
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