La nueva FP catalana integrará ciclos formativos y reciclaje profesional

Adolescentes que acaban de completar la educación obligatoria y adultos que se reciclan o que buscan una certificación (porque en su momento no se la sacaron) compartirán aulas cuando entre en vigor la nueva ley de la formación profesional (FP) de Catalunya, que ayer inició su tramitación parlamentaria después de que el Consell Executiu de la Generalitat aprobara el anteproyecto. La ley, la primera que regula estos estudios en Catalunya, prevé la integración de la formación reglada que imparte la Conselleria d'Ensenya-ment y de la que ofrece el departamento de Empresa i Ocupació a través de los centros de formación ocupacional y permanente.

El objetivo, subrayó ayer la consellera Irene Rigau, es rebajar la tasa del 40% de trabajadores con un bajo nivel de cualificación profesional que hay actualmente en Catalunya. «En los próximos años, se estima que solo entre el 15% y el 20% de los empleos precisarán de personas sin preparación», indicó Rigau. «Estamos, además, en un momento de cambio del modelo productivo. Sin olvidar el relevo laboral que está previsto que se produzca en los próximos años por la jubilación de muchas personas», agregó.

Para coordinar el despliegue, la ley prevé la creación de un nuevo Instituto para la Formación y la Cualificación Profesional de Catalunya, que, entre otros cometidos, tendrá que ser capaz de detectar las necesidades formativas de los estudiantes y del mercado laboral con la antelación y la agilidad suficientes para darles respuesta.

CENTROS Y PROFESORES

El organismo tendrá también que fijar en qué centros se impartirán las disciplinas (en principio la Generalitat ya cuenta con una veintena, aunque se irán ampliando) y cómo se seleccionará y se evaluará a los profesores, en el caso de la pública. «La implicación de los agentes sociales será decisiva. Esto es algo que no puede funcionar sin ellos», sentenció Rigau.

Se trata, explicó la consellera de Ensenyament, de «reorganizar la oferta ya existente y de prepararla a las nuevas realidades laborales». De sincronizar, en definitiva, la oferta formativa con la demanda de las empresas que necesitan trabajadores. «No puede ser que, como hasta ahora, las lógicas de la formación profesional sean unas y las lógicas del mercado laboral sean otras, a veces muy distintas», subrayó Lourdes Esteban, directora de Formación y Empleo de la patronal Pimec.

Las empresas serán las encargadas de realizar «la prospección del mercado laboral que permita determinar qué especialidades son más necesarias, para que haya una buena adecuación entre formación y empleo», indicó Esteban. Esto afectará, no solo a la formación inicial, la que cursan los jóvenes que salen de la ESO, sino también al reciclaje de profesionales ya en activo.

Para ello, prosiguió la técnica de Pimec, «en países con una formación profesional más desarrollada que la nuestra se utilizan sistemas complejos, se realizan encuestas a empresas y se extraen microprospectivas, que combinadas permiten hacer una aproximación de las necesidades futuras».

ACREDITAR LA EXPERIENCIA

Pero los grandes beneficiarios de la nueva ley serán los trabajadores que no disponen de ninguna titulación oficial, pese a llevar años trabajando (o habiendo trabajado, si ahora están en paro) en un mismo oficio. Son los que en estos momentos se están acogiendo ya al programa Qualifica't de la Generalitat, que desde el 2011 ha reconocido las competencias y habiliades profesionales de más de 12.900 personas, señaló ayer la consellera Rigau.

Según la titular de Ensenyament, la ley catalana no entra en conflicto con la española, que data del 2012 y que, en opinión de Rigau, «no acaba de funcionar». Prueba de ello, dijo, es que además de Catalunya, hay otras comunidades, como Andalucía, que están preparando su propia normativa en este ámbito.