Territori exige a Uber que ponga fin a su actividad

De expediente informativo a procedimiento sancionador. La Generalitat había avisado meses atrás a la plataforma para compartir coche Uber de que no veía con buenos ojos su actividad. Se reunió con ella y le alertó de que estaba infringiendo la normativa vigente. La plataforma  insistió, esgrimiendo el aval de que opera en más de 120 ciudades de 30 países, y que su propuesta es fruto de una nueva época. Pero a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat se le ha acabado la paciencia y ayer requirió a la empresa que cese la actividad. De lo contrario, comenzaran las multas.

Las asociaciones de taxistas de toda Europa han convocado una movilización para hoy. Se quejan del intrusismo que padecen en el sector con propuestas como la de Uber. Esta aplicación a través de móvil o internet permite que un particular ofrezca su vehículo a quien quiera realizar un recorrido determinado. Estos traslados son bajo demanda del cliente, es decir, no se trata de compartir gastos de viaje (como ocurre en el caso de otras ofertas como  Blablacar), sino de que los clientes abonan el importe en efectivo al particular o bien con tarjeta de crédito a Uber, que hace de intermediario y, por tanto, cobra una comisión.

La reacción de la Generalitat se produce un día después de que el Ministerio de Fomento se pronunciara en términos similares y amenazara con sancionar con hasta 600 euros a quienes se atrevan a usar un turismo de estas características. Igual que el departamento que dirige Santi Vila ayer, Fomento recordó que la ley de transporte terrestre contempla el cumplimiento de una serie de requisitos que, en el caso de ciertas fórmulas de transporte compartido, no se estarían dando.

FOMENTO MATIZA / De hecho, el aviso del ministerio causó malestar en Bruselas, lo que obligó al director general de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral, a matizar. De este modo, sostuvo que quienes realicen «servicios privados», es decir, quienes se pongan de acuerdo entre sí para realizar un viaje, no precisarán permiso alguno. No es el caso de Uber, aplicación mediante la cual se establece una relación profesional,

La comisaria europea de Agenda Digital, Neelie Kroes, se quejó ayer de que «las huelgas no solucionan nada» y conminó a las partes enfrentadas a dialogar porque, defendió, «Uber no es el enemigo de los taxistas. Esta innovación no va a desaparecer haciendo chantaje», prosiguió, para a continuación subrayar que esta defensa de la controvertida aplicación -que, por cierto, está prohibida en Bruselas- no suponía que la empresa «no deba pagar impuestos y seguir las normas y proteger a los consumidores».

PRECINTO DEL VEHÍCULO / Este último aspecto es uno de los que más preocupan a la Generalitat, que recordó que quienes sigan ofreciendo su turismo a través de Uber se arriesgan a una multa de hasta 6.000 euros y el precinto del vehículo.