chóferes turísticos en todo el mundo

Uber pone en pie de guerra a los taxistas

Dinish Karamsesula, conductor de Uber en las calles de Bombay, con su todoterreno.

Dinish Karamsesula, conductor de Uber en las calles de Bombay, con su todoterreno. / RM. RC**LON** SAH**NY**

EDUARDO LÓPEZ ALONSO / Barcelona

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Competencia para el taxi procedente de internet. El servicio Uber que pone en contacto a los clientes con conductores a través de internet ha puesto en pie de guerra al sector del taxi. Y es que a los precios actuales, el servicio de taxi es casi un lujo y solo faltaba el traje, la corbata y el coche de gama alta para convertir el traslado entre dos puntos en una fiesta más que en un servicio público. Y es que los turistas son un bocado apetitoso para el sector y que aparezca un tiburón internacional vestido de etiqueta y dispuesto a fagocitar el mercado de un mordisco alarma, y mucho. Ante esta ofensiva, la Generalitat está dispuesta a poner freno a la expansión del servicio mediante un endurecimiento de la normativa, pero parece difícil que pueda obstaculizarse una actividad contratada en internet entre particulares.

La dirección general de Transportes y Movilidad de la Generalitat ha mantenido este martes una reunión con el Sindicato del Taxi de Catalunya (STAC) para buscar una solución Según ha informado el departamento de Territorio y Sostenibilidad, que dirige Santi Vila, se ha abierto un expediente que tiene como objetivo "controlar que todas las actividades anunciadas para esta empresa se hacen bajo el vigente marco normativo". Ha recordado, en este sentido, que operar sin las correspondientes licencias puede suponer una sanción de hasta 2.000 euros.

Otros competidores

La medida resulta tibia por el momento y no ha faltado tiempo para que otras empresas que operan en el sector de alquiler de vehículos con chófer reaccionen. El temor es que el aterrizaje de un nuevo competidor fastidie la situación actual en la que otras empresas intentaban hacerse un hueco. Fuentes de Cabify, una empresa del sector especializada en el alquiler de vehículos de alta gama con chófer, reconocen que la polémica actual puede llegar a perjudicarles. Esta firma es rotunda: "Cabify opera a través de licencias VTC (vehículos de transporte con conductor), en un servicio completamente reglamentado y acorde con la legalidad vigente". En España, la regulación limita el número de licencias VTC a una por cada 30 taxis y siempre que la flota esté dentro de esos parámetros no existe veto legal para la expansión de esta activida, muy útil especialmente en ferias y congresos, por ejemplo.

La fórmula de la discordia

La Confederación del Taxi de España ya advertido de que están dispuestos a moverse todo lo necesario para evitar que el virus Uber se extienda entre los clientes. La aplicación es sencilla. Pone en contacto a conductores con clientes a través de internet para ofrecer un servicio de transporte personalizado a precio previamente pactado y dedicado con excusividad. Lo que para el sector del taxi es un transporte "pirata", lo cierto es que se convierte en un servicio lógico en unos tiempos de crisis en el que muchos se han quedado sin trabajo y con un coche 'premium' en el garaje.

Vehículos sin autorización

Para la Confederación del Taxi el servicio de que ofrece Uber "no cuenta con vehículos con autorización administrativa alguna para realizar transporte de viajeros y por tanto suponen una actividad totalmente ilegal". No falta razón al colectivo cuando considera que ese tipo de iniciativas "fomenta la economía sumergida" al repercutir en el conductor la declaración de cobros "sin que quienes los realizan estén dados de alta en actividad económica alguna ni tengan cotizaciones laborales ni fiscales ni estén sometidos a control administrativo alguno". Asimismo, alertan de que esta situación "pone en peligro más de 100.000 puestos de trabajo en el sector del taxi".

De este modo, exigen a las Administraciones Públicas que adopten, con carácter inmediato, las medidas necesarias para impedir que se vulnere la legalidad establecida y se proceda a prohibir de forma tajante este tipo de actividad tercermundista, ilegal y extremadamente peligrosa para los usuarios del transporte que no contaran con garantía alguna en la prestación de los servicios.