la asistencia social

La Generalitat rebaja la exigencia de cuidados en las residencias

TONI SUST / Barcelona

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En estos tiempos de dificultad y recorte, no solo los ciudadanos sufren las consecuencias. Uno de los sectores que peor lo pasa económicamente es el de las residencias geriátricas. El ritmo de pagos por parte de la Generalitat se fue alterando a medida que aumentaron las dificultades y se hizo más evidente el vacío en las arcas autonómicas. El sector se cansó de denunciarlo y alertó de su riesgo de  desaparición. Y el Gobierno catalán encontró una vía para aliviar esa situación: en noviembre pasado, rebajó la exigencia de cuidados para que las residencias gasten menos como una forma de compensar los impagos, que según la presidenta de la patronal ACRA, Cinta Pascual, ascienden a 90 millones de euros. Eso ha provocado denuncias por el riesgo de que los usuarios reciban un peor trato.

Por ese pacto, se rebajan las horas pactadas de atención a los ingresados con dependencia de grado II de 611 horas anuales a 577 horas, y la que se presta a los de grado III, el más alto, de 763 a 716 horas. A cada residente con dependencia de grado II se le quitan 5 horas anuales de trabajador social, 7 de educador social, 7 de psicólogo y 15 de fisioterapeuta. Los de grado III pierden 5 horas de trabajador social, 8 de terapeuta ocupacional, 7 de educador social, 7 de psicólogo y 20 de fisioterapeuta.

UN PEQUEÑO PASO / Para Pascual, se trata solamente de un pequeño paso, un cambio «mínimo» de paradigma para pasar de un modelo basado en las ratios a otro centrado «en la atención a las personas». Eso, explica, supone que un centro cuente con servicios de profesionales en función de su necesidad real, y no la previsión oficial. Ella insiste en que el usuario no lo notará. De hecho, teme que ni el sector lo note como una mejora.

La presidenta de ACRA subraya que, por mucho que se modifiquen las exigencias, el modelo sigue siendo rígido. Y avisa de que ello no compensará el daño que para su sector supone la paralización de las prestaciones vinculadas a residencia, que eran decisivas en muchos casos como ayuda para que un ciudadano cogiera plaza en un geriátrico. Pascual da dos cifras: dice que hay 8.500 plazas que no se ocupan por falta de dinero para pagarlas y unas 17.500 personas en lista de espera, aunque el Govern considera que la cifra real, en el segundo caso, es de menos de 10.000. La directora general del ICASS, Carmela Fortuny, que cerró el acuerdo con las residencias, afirmó el pasado viernes: «Hablamos de una racionalización que no afecta a la calidad del servicio».

CALIDAD EN PELIGRO / José Luis Oreiro, psicólogo y miembro del grupo de trabajo de Gerontología del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, dice que no puede haber otra consecuencia que una rebaja en la calidad de la atención si se reducen las horas de actividad de los profesionales: «Tendremos que dedicar menos tiempo a los usuarios. O centrarnos en los que tienen las mayores urgencias». «Una residencia es mucho más que un recurso sanitario, es el domicilio de las personas», agrega. Además, teme que al final la rebaja en la exigencia se vea acompañada por un recorte económico.

Oreiro recuerda que no se parte de un sistema ideal, sino de «un modelo de mínimos. Si se plantea un recorte, afectará a la calidad. Esto aboca a una labor asistencial». Y opina que de profundizar en esta reforma el futuro es claro: «Nos abocan a una labor asistencial». Su consuelo: «Algunas residencias no aplicarán el acuerdo. No es obligatorio».