El sueño roto de la dependencia

Antonio Moreno, de 53 años, y su mujer, Josefina Saludes, de 51, tuvieron a su hijo Alexander en 1989. Nació con atresia en las vías biliares ciegas, lo que obligó a que fuera operado a los dos meses y medio de vida. No era el único problema. Dos años después, la pareja llegó a una conclusión obvia: el niño no hablaba. Mantenía, además, una conducta agitada. Alexander tiene un trastorno general del desarrollo. Es autista. Sufre una discapacidad del 78%.

Con mucha ayuda (la pareja cita con especial agradecimiento a la doctora Rosa Nicolau), pasó de estar nervioso y mostrarse agresivo a relajarse. «Es feliz», dice su madre. Pasa cuatro horas diarias en un taller ocupacional de la entidad Aspasim, en Barcelona, donde borda. Hace dos años le trasplantaron el hígado, el primer caso en España en un autista. Como gran dependiente (grado III, el máximo), percibe 400 euros al mes. Pero el padre esperaba otra cosa: «No necesita 400 euros. Necesita ocio, ocupación. La ley es un avance, pero yo pensaba que le daría un proyecto integral de vida a mi hijo, por etapas. No creo que la quiten, pero van a poner todas las barreras para no dar lo que debe ser un derecho».

Antonio Moreno está centrado en el caso de su hijo y de otros dependientes, para lo que creó la entidad Papás de Álex. Persigue a las administraciones (ha presentado una veintena de denuncias por reclamaciones varias) y expresa esta sensación de frustración. Habla de la ley de la dependencia como de un proyecto interrumpido. No es una visión unánime pero hay coincidencia, Gobierno central aparte, en que se ha levantado el pie del acelerador en la aplicación de la  ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD), de la que se esperaba el máximo desarrollo en el 2015.

EL GOBIERNO, NO LA CRISIS / «La ley es mejorable, pero es el mayor avance en protección social en España. Equiparable a la universalización de la sanidad y a la aparición de las pensiones no contributivas», sostiene el presidente del Observatorio de la Dependencia y de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. Este admite que la ley tuvo «muchas dificultades» bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero: «El modelo de financiación, la sobredimensión de los cuidadores familiares, el boicot de algunas comunidades». Pero alerta de que con Mariano Rajoy «no se ha paralizado la ley, sino que está en retroceso, está siendo desmantelada».

De hecho, Zapatero hizo el primer recorte, al suprimir en mayo del 2010 la retroactividad de seis meses y establecer que se empezaba a pagar a partir de la aprobación de la resolución de dependencia y no de la presentación de la solicitud. Si en seis meses no se había dado respuesta, se empezaba a cobrar (si finalmente se obtenía el reconocimiento). Después, el Gobierno del PP ha rebajado la aportación a las comunidades autónomas, encargadas de aplicar la ley; ha aplazado hasta el 2015 la entrada de los dependientes moderados en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia; ha rebajado un 15% el pago a cuidadores familiares, y ha dejado de cotizar por ellos a la Seguridad Social.

Según Ramírez, una de las medidas más graves ha sido elevar, en el caso de los cuidadores familiares, de seis a 30 meses el tiempo de espera sin pago retroactivo. «Un 53% de los dependientes tienen más de 80 años», afirma. Muchos, añade, mueren esperando. Así, dice, se rebajan las cifras de la lista de espera.

LA CRISIS, NO EL GOBIERNO / El director general del Imserso, César Antón, del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, no comprende que las únicas cifras públicas que se cuestionen sean las de la dependencia: «Nadie duda de las cifras del paro». Antón rechaza las acusaciones de desmantelamiento y asegura que sin las medidas de «racionalización y mejora» el sistema de la dependencia estaría en peligro. Al llegar el PP al Gobierno, sostiene, hizo la evaluación que el Ejecutivo anterior no había acometido y concluyó que debía centrarse en atender a los grandes dependientes  y a los dependientes severos, las dos primeras categorías. Antón cifra el éxito de la ley en una resta: dice que en diciembre del 2011 había 305.000 grandes dependientes y dependientes severos en lista de espera, y en diciembre pasado, 190.503. Por ello, niega la denuncia de que cada día hay menos dependientes, de que no se cumple la tasa de reposición.

Ramírez lo rechaza: afirma que el Ejecutivo central manipula las cifras y que ni se cumple la tasa de reposición ni hay más dependientes. Con todo, es optimista sobre la ley cara al futuro: «Esto irá adelante».

En Catalunya, la directora general del ICASS, Carmela Fortuny, afirma que parte del problema viene de que el PSOE dejó en herencia una ley mal dimensionada y mal financiada: «No se podían cumplir las expectativas». Pero también considera que ahora la ley «está en caída libre» por falta de recursos. «Se atiende a dependientes, pero no se ha desarrollado la promoción de la autonomía de las personas, un proyecto vital».

En la trinchera, Àngels Machado, trabajadora social de atención primaria en Terrassa, observa qué sucede. Y lo explica: «La ley fue clave, pero con los recortes no se puede dar respuesta a la necesidad actual». Y advierte de que hay un número importante de dependientes que aún no lo son tanto pero que, debido a la desatención, serán pronto grandes dependientes: «La prevención es muy importante».