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Terremotos sin control

El ministro Soria anuncia que no se permitirán nuevos trabajos si no hay garantías

Los estudios de la empresa Escal UGS descartaron problemas de sismicidad

SÍLVIA BERBÍS
SANT CARLES DE LA RÀPITA

Como toda crisis sísmica, la originada frente a la costa del delta del Ebro por el almacén subterráneo de gas Castor está fuera de control. Ayer, tras registrarse el segundo mayor terremoto y el más percibido por los vecinos tras 26 días de seísmos, ni los técnicos ni los organismos gubernamentales competentes se aventuraron a predecir el final de la angustiosa serie de temblores. De poco sirvió que el Ministerio de Industria certificara que están paralizados los trabajos de inyección y extracción de gas en el Castor. El terremoto más importante de ayer, que alcanzó de madrugada una magnitud de 4,1 en la escala de Richter y tuvo una réplica similar minutos después, llegó a apreciarse no solo en lugares cercanos, sino incluso en municipios alejados del Baix Penedès o el Garraf.

Pero es que la falta de control no parece circunscribirse al ámbito geológico. Un documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO revela que la empresa descartó que pudiera suceder lo que está sucediendo. De hecho no es un ejemplo de rigor el largo proceso de trámites administrativos que fue superando Escal UGS desde que en el 2005 inició los pasos preliminares a la presentación de su proyecto a información pública, que concluyó en el 2007, hasta que el Ministerio de Medio Ambiente formuló en el 2009 la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable. Un texto, tal como avanzó este diario el pasado sábado, que se dio por bueno sin que hiciera referencia alguna a los riesgos sísmicos que habían advertido durante el proceso organismos científicos como el Observatori de l'Ebre.

En respuesta a un requerimiento previo que el Ministerio de Medio Ambiente hizo extensivo a ayuntamientos y organismos territoriales y autonómicos para recabar sugerencias sobre el informe de evaluación ambiental, el Observatori envió la recomendación de controlar los cambios sísmicos que pudiera provocar la inyección de gas en el antiguo yacimiento de petróleo. «El Observatori de l'Ebre considera que se debe estudiar la frecuencia y magnitud de la actividad sísmica incluyendo pruebas que aseguren que las presiones debidas a la inyección no causen fracturas en las rocas», recogió la resolución publicada en el BOE.

ASENTAMIENTOS DE TERRENO / Sin embargo, Escal UGS transmitió al ministerio en el 2008, a través del estudio encargado a la consultora URS y en respuesta a la petición del Observatori, su consideración de que «dadas las características del almacén, consistente en un karst bien desarrollado por el que los fluidos circulan por cavidades abiertas con absoluta facilidad, sin resistencia, es decir, sin pérdida de carga, no se generarán sobrepresiones importantes durante el llenado». «Además -añadió la empresa-, la cobertura está formada por arcillas, las cuales presentan un comportamiento plástico capaz de absorber ciertas sobrepresiones». El texto, además, descarta los «asentamientos de terreno», que, «cuando se producen a gran escala y súbitamente, pueden llegar a causar terremotos importantes».

En el 2008, el Departament de Medi Ambient de la Generalitat, con Francesc Baltasar al frente (ICV), envió a la subdelegación del Gobierno en Castellón un informe sobre la DIA en el que advertía, aunque sucintamente: «Dadas las características y dimensiones del depósito Castor y de la obra proyectada, insistimos en la conveniencia de solicitar al Institut Geològic de Catalunya (IGC) un informe en relación con los aspectos asociados a esta actuación». El informe nunca llegó a solicitarse, aseveró ayer el jefe de Sismología del IGC, Xavier Goula.

PROBABILIDAD MUY ALTA / El ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, reconoció ayer que la DIA emitida en el 2009 no incluye «ningún condicionamiento por razones sísmicas». El ministerio no ha aclarado los criterios que usaron sus predecesores socialistas para obviar ese apartado. Por su parte, el titular de Industria, José Manuel Soria, admitió por primera vez la relación causa-efecto entre la inyección de gas y los seísmos. De hecho, se refirió a una «probabilidad muy alta» y aseguró que «no se autorizará a inyectar nuevo gas» mientras no se cuente con todas las garantías.

El departamento de Interior de la Generalitat decidió anoche activar en fase de alerta el plan Sismicat para terremotos, aunque insistió en que la medida «no presupone que la situación vaya a derivar a peor», sino que se justifica «para mantener en tensión a los agentes que actuarían en caso de escalada sísmica». La sucesión de terremotos no muestra un patrón claro, al margen de una sorprendente actividad nocturna, aunque han sido más frecuentes e intensos durante esta semana.

LA VÍA LEGAL / «Utilizaremos todos los mecanismos que estén en nuestras manos», apuntó el delegado de la Generalitat en las Terres de l'Ebre, Xavier Pallarés (CiU), al tiempo que especificaba que la denuncia por la vía legal puede ser uno de ellos. Pallarés explicó que la Generalitat «ya ha dado órdenes para que sus servicios jurídicos estudien la opción de personarse por la vía judicial para exigir responsabilidades» y recalcó que aunque la Generalitat no tiene ninguna competencia sobre este proyecto, sí tiene «la responsabilidad de responder a la ciudadanía».

Precisamente, el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner (PP), también anunció que iniciará acciones legales, aunque apuntó que la denuncia, en caso de que se desprendan negligencias, se dirigirá contra los exministros socialistas que adjudicaron el proyecto. Moliner advirtió de que si se determina que no había garantías suficientes, «exigirá las responsabilidades penales que se puedan derivar de la mala gestión de esta concesión».

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