Los antidesahucios llaman a los ciudadanos a inundar el país de verde

La fábrica de ideas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ya ha iniciado una nueva campaña de presión al PP para que acepte la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de dación en pago. La organización llama a todos los ciudadanos a rodear su vida de distintivos verdes: camisetas, toallas, sábanas y todo tipo de telas en los balcones, círculos verdes del “sí se puede” en los vehículos, pulseras, lacitos en el pecho, grandes lazos en las puertas y todo lo que se les ocurra. Hasta se pide que el avatar de twitter se sustituya o incluya el circulito. Es lo que han denominado la Primavera Verde, que, aseguran, "ha llegado y no habrá fórmula de detenerla”.

Los antidesahucios explican en su web que mucha gente se había dirigido a ellos para saber como podían apoyarles “ante la campaña de descrédito del PP” a raíz de los 'escraches' y, sobre todo, según su portavoz, Ada Colau, para que salgan adelante las propuestas de la ILP que empieza a debatirse en ponencia este martes en el Congreso de los Diputados. Su respuesta es esta campaña que empezó ayer y que tiene reflejo en la red con fotografías colgadas en instagram y en un blog específico de la plataforma.

El arranque de la campaña no comportará que se arrincone el 'escrache'. Al contrario. La PAH lo intensificará también en Madrid a partir de mañana con nuevas acciones que desafiarán la orden dada por la Secretaría de Estado de Seguridad de indentificar y sancionar a los activistas.

La 'conselleria' se pronuncia

Los escraches que se lleven a cabo en Catalunya no conllevarán ese riesgo porque los Mossos d'Esquadra no actuarán contra los activistas si no infringen la ley. «Ni los identificaremos ni los sancionaremos. Seguiremos con nuestro protocolo habitual, que consiste en controlar que no se produzcan actos violentos», explicó una portavoz de la Conselleria d'Interior. En términos parecidos se había pronunciado un portavoz de la Ertzaintza, la policía vasca.

Varios diputados del PP catalán han sido objeto de actos de protesta cerca de sus domicilios o del lugar de trabajo. La última, Dolors Montserrat, presentó denuncia, pero como el resto de sus colegas, lo hizo ante la comisaría de la Policía Nacional del Congreso por consejo de su grupo parlamentario. A la conselleria no le consta que en ninguno de los casos los manifestantes hayan vulnerado la legislación vigente.

«Siempre ha habido dotaciones de los Mossos en esos actos y en ningún caso han observado nada que les obligara a intervenir», explicó la citada portavoz tras destacar que, al no haber recibido tampoco «ninguna denuncia», no se ha puesto en marcha ninguna investigación. Los Mossos d'Esquadra, recordó, son los titulares de la competencia de seguridad ciudadana en Catalunya.

El ministerio también ha ofrecido la posibilidad de brindar contravigilancia y protección a los diputados que demuestren que están siendo amenazados. De momento la conselleria asegura no haber recibido ninguna petición al respecto, y en caso de que le llegara «la estudiaria». Cualquier movimiento en este sentido es susceptible de generar tensiones tras el enfrentamiento entre las dos administraciones causado por la escolta a la líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho.

La orden de identificar para después sancionar a los participantes en los escraches, que ha sido cuestionada por los principales sindicatos policiales, responde a una estrategia de intimidación que ha empleado la Delegación del Gobierno de Madrid desde que el PP llegó al Ejecutivo. A los participantes en manifestaciones no comunicadas les han caído multas de 500 euros, muchas de ellas revocadas por los tribunales.