El Gobierno suprime los tramos variables de las tasas judiciales
Las familias desahuciadas no tendrán que pagar las costas judiciales
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El PeriódicoEl Gobierno reducirá en un 80% el tramo variable de las tasas judiciales para las personas físicas y liberará del pago del total de la tasa en separaciones y divorcios de mutuo acuerdo o en la condena a costas a pagar a la entidad bancaria por parte de la familia desahuciada o sus avalistas.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un decreto ley por el que se modifica la reciente Ley de Tasas Judiciales y se anticipa la entrada en vigor de los beneficios recogidos en el anteproyecto de Justicia Gratuita para que los colectivos que tengan derecho a ella puedan disfrutarla desde este mismo momento.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha justificado este "ajuste" de la norma en atención a una opinión "muy cualificada" como la de la Defensora del Pueblo, que se ha hecho eco de las "importantes" demandas de los ciudadanos. El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Incidencia minoritaria
El Ejecutivo calculó que con la nueva Ley de Tasas se recaudarían unos 306 millones de euros y augura que los cambios tendrán una incidencia inferior al 5% de dicha previsión ya que ésta tuvo en cuenta especialmente el tramo fijo de las tarifas, el cual no se modifica en la mayoría de los casos.
La medida aprobada por el Ejecutivo supone la aplicación inmediata de artículos esenciales de la nueva Justicia Gratuita para que sus nuevos beneficiarios dejen ya de pagar abogado, procurador, tasas y demás costes derivados del proceso. Sólo a estos se les devolverá la tasa abonada desde que esta ley entrara en vigor el pasado 17 de diciembre.
Como adelantó este diario, el límite máximo de pago por la cuota variable desciende de 10.000 a 2.000 euros. La rebaja será de aplicación tanto en primera como en segunda instancia y se extenderá también al orden Social, donde la primera instancia para trabajadores y autónomos ya era gratuita y en la segunda, este colectivo contaba con una exención del 60%.
Los funcionarios públicos que recurren en lo Contencioso en defensa de sus derechos estatutarios tendrán a partir de ahora esta misma exención del 60%. Además, se liberará del pago de tasas a los procedimientos abiertos por incumplimientos de laudos de consumo.
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