Wert centra su reforma en "españolizar" a los alumnos catalanes

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, presenta este martes por la tarde a los consejeros de las comunidades autónomas un nuevo borrador de la ley orgánica de mejora de la calidad educativa (LOMCE) con el que quiere blindar su intento de "españolizar" a los alumnos catalanes obligando a la Generalitat y a otras comunidades con lengua propia a que ofrezcan la escolarización en castellano o, en caso contrario, la paguen en centros privados. El nuevo texto, de casi 70 páginas, que ha puesto en pie de guerra a la 'consellera' de Ensenyament, Irene Rigau, confirma un giro recentralizador e ideológico hacia las tesis más conservadores del PP, con concesiones a la Iglesia católica y la escuela concertada.

El nuevo diseño escolar choca frontalmente con el modelo de inmersión lingüística que establece al catalán como lengua vehicular de Catalunya y supone, como ha denunciado Rigau, "el mayor ataque al catalán desde 1978". Además, relega en la práctica al catalán a posición de cuarta lengua, ya que no está considerado como materia troncal sino como "materia de especialidad".

Más competencia estatal

En el nuevo esquema el Estado se reserva fijar los contenidos de las llamadas materias "troncales", es decir, la mayoría en primaria: Lengua, lengua extranjera, Matemáticas, Ciencias, Sociales, Biología y Geología, Física y Química, Geografía e Historia, Economía y Latín. Para todas estas materias, el proyecto solo dice que corresponde a la "Administración General del Estado" determinar "los contenidos y el horario mínimo", con lo cual, en la práctica, ese contenido y ese horario puede ser mucho mayor del que se hablaba hasta ahora en el texto inicial en el que el Ejecutivo central pasaría a fijar el 65% de los contenidos en las comunidades con lengua propia y el 75% en el resto. Con la ley actual es del 55% y del 65%, repectivamente.

Luego deja en manos de comunidades y los propios centros educativos el resto de materias "específicas" en una especie de oferta educativa a la carta, como educación artística y segunda lengua extranjera, en la que cada colegio podría especializarse en determinados contenidos. En tercer y último lugar, se sitúa a las materias de "especialidad", que serán como máximo una una y la "lengua cooficial si la hubiere".

Reválidas y lengua materna

El texto mantiene como eje fundamental el sistema de evaluaciones estatales al término de cada etapa educativa. Las de ESO y Bachillerato obligarán a aprobar ese exámen para poder lograr el título correspondiente y pasar de etapa. Las consecuencias académicas sobre los alumnos y el hecho de que esas pruebas externas acaben propiciando la publicación de un "ranking" de centros son dos de los asuntos más cuestionados por las autonomías gobernadas por el PSOE que alertan sobre un modelo segregador que dejará atrás a los alumnos más vulnerables.

Pero, siempre con el objetivo de blindar el castellano en Catalunya, el texto establece que en la reválida de sexto de primaria los alumnos se examinarán de "la competencia en comunicación de la lengua materna", con lo que el Estado no solo se reserva la formulación de estas prueba sino que introduce el polémico término de "lengua materna". Rigau ha destacado el sinsentido y la "poca reflexión" en este punto porque en Catalunya hay unas cuantas lenguas maternas. También muestra su rechazo a la posibilidad establecida en el texto de que los alumnos pueden examinarse en las reválidas del final de la ESO de una lengua que no sea el catalán.

Libertad de centro y zona única

El borrrador ha introducido guiños a la escuela concertada (privada subvencionada) al abrir la posibilidad a la libertad de elección de centros. Así, se prolonga el periodo la renovar lo concierto (de un máximo de 4 años se pasa a un mínimo de 6) y se dice que las Administraciones, cuando hagan la programación de oferta de plazas, tendrán también en cuenta "la demanda social", es decir, que si hay padres que prefieran llevar a sus hijos a la concertada en vez de la pública. También se abre las puertas al modelo impulsado en Madrid por la expresidenta Esperanza Aguirre, con la puesta en marcha este curso de la llamada «zona única» en materia de enseñanza, que permite que los padres pueden llevar a sus hijos al colegio que deseen sin tener en cuenta el de cercanía del domicilio, principal criterio de las administraciones educativas a la hora de asignar un centro a cada niño, tal como establece la actual ley orgánica de Educación (LOE).

Religión con alternativa

Entre los cambios más ideológicos, el texto consagra una de las reivindicaciones clave de la Conferencia Episcopal Española (CEE) para evitar la fuga sostenida de alumnos en Religión: habrá una alternativa evaluable tanto en primaria como en secundaria. El borrador señala que entre las asignaturas específicas los alumnos de primaria deberán cursar o bien Religión o bien Valores Culturales y Sociales, a elección de los padres o tutores. En el caso de secundaria, la alternatia será entre Religión y Valores Éticos. Actualmente, la religión es una materia de oferta obligatoria por parte de los centros y voluntaria para el alumno, pero sin obligación de cursar alternativa académica evaluable. Al mismo tiempo, en un guiñó a los sectores más beligerantes del PP y la comunidad educativa, el texto destierra definitivamene la Educación para la Ciudadanía del PSOE.