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PROCESO POR MALVERSACIÓN DE FONDOS

Un alto cargo del Sant Pau dice que desconoce los pagos a directivos

Albert Folia argumenta ante el juez que su función es de representación y no ejecutiva

J. G. ALBALAT / Barcelona

El juez Emilio Vila Mayor ha interrogado este miércoles a Albert Folia, presidente hasta hace una semana del patronato de la fundación de gestión sanitaria del Hospital de Sant Pau, y a Josep Lluís Alay, administrador de la Fundació del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Ambos están imputados por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y otro de malversación de fondos o apropiación indebida.

En su declaración, Folia ha explicado al juez la estructura de funcionamiento del Sant Pau y ha dicho que no tiene conocimiento directo del día a día del hospital porque su cargo es de representación y no ejecutivo. Por ello, ha insistido, desconoce los pagos a altos directivos. Su abogado, Rafael Entrena, ha informado de que esas retribuciones "están totalmente justificadas" y que aportará la documentación que así lo demuestra.

Entrena ha asegurado que Folia se ha visto "envuelto en un conflicto penal por intentar mediar en el conflicto laboral" del centro hospitalario y ha señalado que "la actuación de los denunciantes es irresponsable por pretender utilizar la vía penal para resolver cuestiones laborales". El otro imputado, Alay, ha declarado que no sabe nada del asunto que se investiga porque lleva un mes en el cargo.

Los denunciantes se ratifican

También ha declarado esta mañana en calidad de testigo Àngela Sabaté, presidenta de la asociación de enfermería del centro hospitalario y una de las denunciantes del asunto que está tramitando el juzgado.

El interrogatorio a Sabaté, que se ha ratificado en la denuncia, se ha centrado en las indemnizaciones de 439.000 euros que cobraron altos cargos del hospital, en los honorarios de los directivos y en cuestiones laborales como los recortes y el funcionamiento de las fundaciones que componen el Sant Pau. En el apartado de salarios, la testigo ha señalado que los directivos no se aplicaron las reducciones entre el 7 y el 15% previstas en los sueldos y que se quedaron en el 5% pactado para los trabajadores.

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