Por razones concretas

Alberto Ruiz-Gallardónha entrado con fuerza al frente del Ministerio de Justicia, y cada día desayunamos con nuevas propuestas de modificaciones legislativas. Estaremos a favor o en contra, pero debemos alegrarnos de que, por fin, la justicia sea objeto de titulares más allá de los casos mediáticos y que se propongan reformas integrales de una justicia que en muchos ámbitos ha quedado obsoleta.

Parece que se reforma la regulación del aborto del 2010 y podría coincidir con el ministro en dos cuestiones: la menor sometida a potestad no es autónoma para decidir sin conocimiento de sus padres, y el concebido y no nacido también debe ser objeto de protección jurídica. En cuanto a lo primero, la ley introdujo la sospecha de que los padres no son capaces de ayudar a la adolescente a tomar decisiones y, en cambio, sí lo harán los profesionales al prescindir no solo de su autorización, sino de su conocimiento. O se avanza la minoría de edad, por entender en todos los ámbitos que ya son adultas, o se mantiene la minoría de edad y, por tanto, la preminencia de los padres, también en este ámbito.

En cuanto a la segunda cuestión, se retoman las circunstancias concretas para valorar la interrupción del embarazo, mientras que la ley del 2010 lo modificó, objetivándose con plazos concretos. No es momento para adelantar el contenido de la ley, únicamente para reflexionar que sea por circunstancias o por plazos.La interrupción del embarazo tiene consecuencias, básicamente para las mujeres, pero no exclusivamente; también existen derechos expectantes del concebido que, de permitirse su evolución, se convertirá en persona. No comparto la necesidad de priorizar la urgencia en contra de la información y la serenidad en la adopción de decisiones. El concebido, de permitirse su evolución, será un ser vivo y, por tanto, espero y deseo que el legislador atine adecuadamente al enumerar las circunstancias que serán tenidas en cuenta.