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OFENSIVA LEGISLATIVA CONSERVADORA

Gallardón prepara la ley del aborto más dura de la democracia

Anuncia el retroceso a una norma de supuestos más restrictiva aún que la de 1985

La oposición y los médicos alertan de que aumentarán los abortos clandestinos

PATRICIA MARTÍN
MADRID

Al enmarcar los cambios en la ley del aborto en su deseada contrarreforma de la Justicia, el ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha abierto la caja de los truenos. Bien es verdad que el PP se había comprometido en el programa electoral a modificar esa norma, pero con una fórmula ambigua con la que Mariano Rajoy buscó un equilibrio difícil: contentar al sector moderado y al ala más dura de su partido. El Gobierno sigue instalado en la ambigüedad. Sin embargo, poco a poco va dando pistas que permiten intuir que entre sus planes está el de aprobar la ley del aborto más dura de la democracia.

Hasta ahora Gallardón, en sucesivas intervenciones, había dejado claro que pretende finiquitar la ley de plazos del 2010 para volver a una norma en la que solo se pueda interrumpir el embarazo bajo una serie de supuestos, como sucedía con la ley de 1985. Pero ayer fue más allá: admitió que la primera norma que despenalizó el aborto en España tampoco le gustaba. El ministro reconoció en la cadena Cope que es «consciente» de que dicha norma permitía abortar a embarazadas de ocho meses de gestación bajo el supuesto de riesgo psíquico para la madre. Era el pretexto que utilizaba el 95% de las mujeres, de ahí que la norma se conociese como la ley coladero.

CORREGIR LOS DEFECTOS / Gallardón agregó que pretende «corregir los defectos de aplicación» de la ley actual, lo que connota que se volverá a los supuestos, y que estos se aplicarán de forma estricta. Es decir, quizá una madre que sufre problemas psicológicos podrá interrumpir su embarazo, pero el Gobierno se cuidará mucho de que demuestre que realmente padece dichos trastornos, buscando, por ejemplo, que los diagnostiquen varios médicos.

Su gabinete aún está estudiando «con detenimiento» en qué casos se permitirá la intervención «sin reproche penal». Eso sí, teniendo en cuenta «la realidad social», señaló. No obstante, para «desdramatizar» el asunto, subrayó que con el nuevo proyecto ninguna mujer irá a la cárcel por abortar, al igual que tampoco sucedió en el pasado.

LA PROTECCIÓN / Se trata, argumentó, de buscar la manera de incluir en la ley la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 que establece que hay que proteger al no nacido, una garantía que, en su opinión, no aparece en la ley de plazos del 2010.

El PP se opuso radicalmente a la legislación desarrollada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero e interpuso un recurso ante el Constitucional que ahora parece que el Ejecutivo no va a esperar a que esté resuelto. Casi todos los dirigentes conservadores defienden la necesidad de volver a la ley de 1985, mientras que el ala dura y más próxima a la Iglesia exige desterrar directamente el aborto, salvo en casos extremos. Sin embargo, durante la tramitación de la norma y la precampaña electoral los conservadores prefirieron colocar en su diana solo el controvertido asunto de que la ley de plazos permita abortar a las menores de 16 y 17 años sin permiso paterno, con el fin de no molestar en exceso a su electorado más centrista. De hecho, el programa electoral de Rajoy tan solo incluye que se cambiará la norma para «reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores», sin más detalles.

LAS CRÍTICAS / Pero ahora parece que la vuelta a la norma de 1985 no es suficiente y Gallardón buscará fórmulas más restrictivas, «lo que aleja completamente a España del entorno europeo», según advierten los partidos de oposición, buena parte de los médicos y los colectivos feministas. Llama poderosamente la atención entre estos sectores que sea Gallardón y no la ministra de Sanidad, Ana Mato, quien esté tomando la batuta de la reforma. Algunos interpretan que con este reparto de papeles el Gobierno intenta convertir la reforma en una prioridad jurídica, disfrazando así el fuerte componente ideológico y obviando que el asunto compete al ámbito sanitario y de los derechos femeninos. «Se trata de una regresión por el fondo y por las formas», denunció la exministra socialista Leire Pejín.

Los colectivos que defienden la actual ley de plazos coinciden en que la experiencia en otros países demuestra que una mujer que desea abortar no renuncia a sus intenciones, por lo que una norma regresiva abocará a las mujeres con capacidad económica al «turismo abortivo», mientras que aquellas sin recursos usarán métodos clandestinos que pueden poner en peligro su salud. «Habrá que fletar aviones para Londres», dijo irónicamente el médico y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez. En la misma línea, la coordinadora de la Asociación de Planificación Familiar de Catalunya, Silvia Aldevert, no prevé que la mano dura del PP traiga consigo la reducción de abortos, sino todo lo contrario porque augura que el Gobierno reducirá la educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos. De entrada, Ana Mato anunció ayer que aprobará un plan de apoyo para que las jovenes embarazadas «no se vean abocadas a la decisión de abortar», pero pasó de puntillas por las fórmulas para evitar las gestaciones no deseadas.

LOS ULTRACONSERVADORES / Por contra, los colectivos antiabortistas aplaudieron los cambios. La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, se felicitó por el «paso atrás» pero advirtió de que volver a los supuestos de 1985 podría ser inconstitucional. «España es el primer país capaz de hacer una ley del aborto más restrictiva, pero queremos ir más allá», exigió. Mientras, el obispado de Córdoba presentó un informe que vincula la ley actual con el nazismo.

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