90.000 firmas contra el archivo de casos de niños robados

Más de 200 personas se reunieron ayer en Madrid ante la Fiscalía General del Estado para entregar casi 90.000 firmas por el cese del «archivo masivo» de las denuncias de personas afectadas por el robo de bebés durante el franquismo y los primeros años de la democracia. Asimismo, exigen una iniciativa parlamentaria para la creación de una comisión que investigue «a fondo» todas las denuncias.

Otra treintena de personas se concentraron en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, y las protestas se sucedieron asimismo ante las autoridades judiciales en ciudades como Cádiz, Huelva, Valencia, Valladolid y Vitoria, en las que decenas de afectados denunciaron que sean las propias víctimas las que se tengan que encargar de las investigaciones, pagando de su bolsillo, por ejemplo, las pruebas de ADN.

«Que las autoridades busquen las pruebas necesarias y que se reabran todas las denuncias para investigar a fondo; solo así se podrá por fin encontrar y encausar a los que traficaron con niños como una mercancía», dijo la impulsora de la recogida de firmas, Soledad Luque, quien busca a su hermano gemelo supuestamente muerto al mes de nacer. Solo así se podrá compensar un daño del que el Estado, «sea cual sea el partido que gobierne, debería avergonzarse», añadió.

«UNA LOTERÍA» / El abogado de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), David Serra, detalló que, según el último informe de la Fiscalía, se han presentado 1.079 denuncias, de las que se han archivado un 30%, repartido de modo muy irregular: desde el 100% de los casos en La Rioja y el 91% en Asturias, hasta ninguno en Cantabria, Murcia y Canarias. La Fiscalía de Barcelona tampoco ha archivado ninguna de las 92 que investiga. En Catalunya son en total unas 140.

Las víctimas piden al fiscal general que unifique los criterios de actuación y evite así que «esto sea una lotería», como denunció Mabel Escuer, quien lucía en un chaleco la fraseYo soy un bebé robado.«Los hechos son de tal gravedad que no podemos dejar al azar a ver qué fiscal le toca a cada uno», dijo el presidente de la asociación, Antonio Barroso.

A diferencia de lo que pasa en otras comunidades, en el País Vasco se ha constituido una comisión de investigación y la consejera de Justicia, Idoia Mendia, aseguró tras la primera reunión que se investigarán los casos «hasta el final». Tres exhumaciones de bebés han dado con féretros vacíos.