Sin techo y con deuda

Una de las muchas consecuencias negativas del pinchazo de la burbuja inmobiliaria es la imposibilidad de muchos propietarios e inquilinos de pagar su hipoteca o sus rentas. Esto ha sido así en todas las crisis, pero lo será aún más en esta, porque los precios de venta y los alquileres no solo son más altos, sino que afectan a una sociedad con altos índices de desempleo. Además -y esto es gravísimo como muestra de hasta dónde llegó la irresponsabilidad de la legislación y de determinadas prácticas financieras-, durante los años delboominmobiliario los préstamos cubrieron mucho más que el tradicional 80% del valor de tasación de los pisos. Los datos aparecidos sobre los créditos en Badia del Vallès, que multiplican por cinco, por 10 o hasta por 20 las tasaciones, son una expresión más de una cadena de errores que hoy sufren los compradores desahuciados.

Ante esta realidad, es de agradecer que una serie de organizaciones no gubernamentales no hayan dejado de proponer medidas que en buena parte ha recogido la Secretaria de Vivenda de la Generalitat y que han dado lugar desde el 2004 a un muy fuerte aumento en los últimos años de la producción de vivienda protegida -especialmente en régimen de alquiler-, a las redes de mediación y de viviendas de inclusión, a subvenciones para pagar las rentas y al aval público y otras ayudas de emergencia que en conjunto han ayudado a miles de familias a sobrellevar la crisis preservando su derecho constitucional a disponer de una vivienda digna.

En cambio, la miopía política de algunos nos llevó al inicio de la crisis, en el 2007, a la aprobación de una ley de reforma del mercado hipotecario que permite el absurdo de que las daciones en pago para satisfacer la deuda hipotecaria de los compradores puedan dar como resultado que estos se queden sin piso ¡manteniendo una deuda con los bancos! Esto, impensable en otros marcos legislativos como por ejemplo el francés, no solo genera indefensión en quienes la crisis ha golpeado, dejando sin empleo y sin vivienda, sino que parece un aliciente para que cuando vuelva a funcionar el hoy languidecido mercado inmobiliario se vuelva a tasar y a prestar con una alegría que ya vemos a donde nos ha llevado.

Llegan voces de que el Gobierno español se plantea enmendar el error para evitar que miles de familias se queden en la calle y, además, sigan debiendo dinero. Ojalá esto se combine con prácticas como la que la Secretaria de Vivenda ha sugerido de permitir a los propietarios pasar a ser inquilinos con opción de compra con rentas situadas por debajo de las cuotas hipotecarias.

Sé que ante estas propuestas es fácil decir, en referencia a las familias desahuciadas: «¡Haberlo pensado antes de comprar!» Pero recordemos que nos estamos refiriendo a jóvenes a los que reclamábamos que se emanciparan. Y a inmigrantes a los que prácticamente exigíamos que abandonaran lo que denominábamospisos patera. Todos ellos vivían en una doble promesa: empleo y vivienda. Cuatro años después de conocer el escándalo de lassubprimey con la crisis económica más fuerte desde los años 30, ¿seguro que la culpa es suya y merecen tanto castigo?