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EN RELACIÓN A FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

Agbar otorga a los ayuntamientos metropolitanos la última palabra sobre los cortes de agua

Un nuevo acuerdo posibilita que sean las corporaciones locales las que decidan si la medida está justificada

La empresa mueve ficha contra el principal argumento de los partidarios de la municipalización, que niegan la soberanía de los consistorios

Agua del grifo.

periodico (BCN)

Las familias de ciudades metropolitanas como Santa Coloma de Gramenet, CornellàGavàViladecans o Esplugues tienen una garantía más de que, en caso de estar en situación de pobreza energética, no se les cortará el suministro de agua.

Dicha garantía es un nuevo protocolo suscrito durante los últimos meses entre los ayuntamientos -el último caso, hoy, Santa Coloma- y la empresa Aigües de Barcelona (Agbar), que gestiona el servicio de agua en estas ciudades.

Mediante este nuevo instrumento se establece que serán los Servicios Sociales de los consistorio los que, atendiendo a los criterios de la Ley 24/2015, elaborarán un informe para constatar si las familias con dos o más recibos de agua sin pagar -de las que informará quincenalmente Agbar- están en riesgo de exclusión social o económica. Si es el caso, la empresa se compromete a garantizar el servicio.

Respuesta a la ola de municipalización

De esta manera, Agbar otorga a los consistorios la última palabra sobre los cortes de agua: serán los Servicios Sociales municipales -y no una empresa privada, hecho que han venido criticando los partidarios de la municipalización del servicio- los que decidan si el corte de agua está justificado atendiendo a las circunstancias económicas y sociales de la ciudadanía.

De hecho, mediante estos acuerdos Agbar mueve ficha contra el principal argumento de aquellos que optan por la municipalización en Catalunya, esto es, que los consistorios no son los que, atendiendo a criterios públicos, manejan la soberanía del servicio del agua.

El caso más peculiar en este sentido es el del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, que al mismo tiempo forma parte de la Asociación de Municipios por la Gestión Pública del Agua y ha acordado con Agbar ser el responsable último -de acuerdo a criterios de pobreza energética- de si el corte del servicio está justificado para familias de la ciudad con recibos impagados.

Fondo de Solidaridad o Tarifa Social

En caso de que los ayuntamientos certifiquen la situación de pobreza energética, los ciudadanos podrán acogerse bien al Fondo de Solidaridad, bien a la Tarifa Social, dependiendo de la situación concreta de cada familia.

En el primer caso, Aigües de Barcelona cubrirá una parte de la factura, la cuota fija y los primeros 9 m3 al mes de agua, durante cuatro meses a renovar siempre que Servicios Sociales confirme la situación de precariedad.

En el segundo caso, la Tarifa Social, las familias que la soliciten -aquellas con un nivel de ingresos inferior al Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC), entre otros- podrán obtener una reducción del 25 % en la cuota del servicio del agua, caso en que podrán solicitarla directamente en las oficinas de la Agencia Catalana del Agua (ACA).

Ayuntamientos firmantes

Este protocolo ya ha sido suscrito entre Aigües de Barcelona y 17 ayuntamientos metropolitanos: Santa Coloma de Gramenet, Cornellà, Gavà, Viladecans, Esplugues, Sant Adrià de Besòs, Begues, Sant Joan Despí, Sant Climent, El Papiol, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles, Montcada i Reixac, Castelldefels, Sant Feliu, Sant Just y Montgat.

En Santa Coloma, por ejemplo, se prevé que el nuevo protocolo sea aplicable a unas 578 familias, que son las que han recibido desde el año 2012 el Fondo de Solidaridad mediante el que Aigües de Barcelona paga el servicio de agua a familias de la ciudad con dificultades económicas. Asimismo, en Gavà, son 320 las familias en situación de pobreza energética que podrán beneficiarse.

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