La JEC ordena quitar el escaño de diputado a Torra
La Junta Electoral Central (JEC) decidió este viernes retirar la credencial de diputado autonómico al 'president', Quim Torra. Por siete votos contra seis, los catedráticos y magistrados que componen ese órgano alcanzaron ese acuerdo después de estimar el recurso interpuesto por el PP, y parcialmente también los que presentaron Vox y Ciudadanos, según los cuales Torra debía ser inhabilitado de manera inmediata por haber sido condenado, el pasado 19 de diciembre, por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Ese día, el dirigente catalán recibió una sentencia de año y medio de inhabilitación por desobedecer la orden de la JEC de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos antes de las elecciones generales de abril.
La noticia fue rechazada de manera contundente por el Ejecutivo catalán y celebrada por los tres partidos de la derecha. Los efectos colaterales de los acuerdos de la JEC, que este viernes también decidió que Oriol Junqueras no puede ser eurodiputado, son de un alcance desconocido, ya que llegaron pocas horas antes de que hoy, en el Congreso, empiece el debate de investidura de Pedro Sánchez. Su reelección requiere de la abstención de los 13 diputados de ERC, un partido que mañana por la mañana se reunirá para estudiar las consecuencias que pueden tener estos episodios en «el calendario político inmediato».
Estatut contra LOREG
La JEC adelantó este viernes su decisión en una resolución parcial. Los seis miembros que no secundaron el acuerdo tienen de margen hasta el miércoles para presentar sus votos particulares. Cuando se reúnan todos esos documentos, la JEC completará la resolución y se comunicará oficialmente a Torra que ha perdido la condición de diputado. La resolución parcial conocida este viernes no se pronuncia sobre si debe dejar la presidencia o no. Fuentes del equipo de Torra avisaron de que el Estatut de Catalunya deja negro sobre blanco que el 'president' debe ser elegido entre los diputados (artículo 67.2), pero, en el 67.7, recoge que solo será cesado, entre otros motivos, por «condena penal firme». Y en este caso todavía no se ha llegado a esa etapa.
Torra, según fuentes de su entorno, ya tiene listo su recurso ante el Supremo contra la sentencia del 19 de diciembre del TSJC, que puede tardar en resolverse unos 10 meses. Y en el caso de la JEC, también tiene previsto presentar otro ante la sala de lo contencioso del alto tribunal. Torra podría solicitar medidas cautelarísimas para que no se ejecute la decisión de inhabilitarle hasta que se resuelva el fondo el asunto. Según juristas consultados por la agencia Efe, en este caso se da un choque de interpretaciones: por un lado, algunos magistrados y catedráticos de la JEC creen que debe blandirse la ley orgánica del régimen electoral general (LOREG), según la cual una condena por desobediencia debe aplicarse aunque no sea firme, debe ejecutarse; y otros discrepan y creen que habría que guiarse por el Estatut catalán, que señala que la condena debe ser firme.
Rectificación de la Junta Provincial
La portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, subrayó el ajustado resultado en la votación de la JEC, mostró «serias dudas» de que este órgano administrativo pueda inhabilitar a Torra y mostró su deseo de que el Supremo dé «una pronta respuesta» a esta situación. Respecto a la alegría que PP, Vox y Ciudadanos mostraron en las redes sociales ante las decisiones de la JEC, señaló que empieza a preocuparle «la actitud de la derecha y la ultraderecha», a las que ve «empeñadas en boicotear la investidura de Pedro Sánchez».
Hace dos semanas, tras conocer la sentencia del TSJC, los tres partidos solicitaron a la Junta Electoral Provincial de Barcelona que inhabilitara de manera automática a Torra, pero sus miembros concluyeron que no podían hacerlo porque la condena por los lazos no es firme. PP, Vox y Ciudadanos acudieron entonces a la JEC y han visto satisfecha su demanda.
En su resolución, este árbitro electoral pide «dejar sin efecto la credencial de diputado electo al Parlament» de Torra y reclama a la Junta Provincial de Barcelona que, una vez notificado íntegramente el contenido del acuerdo [momento que llegará previsiblemente la semana próxima], se expida la credencial «al siguiente candidato de la lista de Junts per Catalunya que concurrió a las elecciones del 21 de diciembre de 2017».
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