El soberanismo se moviliza pero no amplía fronteras

El soberanismo perseguía este sábado ampliar fronteras con la bandera de los derechos y libertades pero no consiguió reeditar la fotografía del 3-O y corrió el riesgo de medirse a sí mismo. En esta ocasión, para los convocantes lo importante no era cuántos, sino quiénes.

En cifras, aunaron a unas 350.000 personas contra la sentencia del ‘procés’, según la Guardia Urbana de Barcelona, y quedaron muy lejos de otra marcha por la misma calle de Marina en noviembre del 2017 que reunió a 750.000 en contra de la prisión provisional a la cúpula del 1-O. Tanto la ANC como Òmnium acusaron al teniente de alcalde de seguridad del Ayuntamiento, Albert Batlle, de "manipular" las cifras de asistentes y el edil replicó que siguen parámetros "idénticos" a otras citas.

En adhesiones, abundaron entidades cívicas y sociales en favor de los derechos humanos, pero carecieron del apoyo de los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT (pese a que participó su secretario general, Camil Ros). Tampoco los ‘comuns’ animaban a ir a la concentración, salvo presencias a título individual. El independentismo se cercó a sí mismo y no amplió su abanico de alianzas para dejar a un lado el eslogan de la independencia y focalizarlo en una cuestión de derechos y libertades.

El lema, ‘Libertad’, fue el máximo grado de consenso al que llegaron todos los impulsores, con la ANC y Òmnium Cultural al frente. Una consigna inocua que generó descontento en algunos sectores del independentismo y propició que un grupo de personas, con camisetas de ‘Yo soy ANC’, se avanzaran a la cabecera sosteniendo una pancarta que insistía en que "Independencia es libertad".

Rechazo a la violencia

La plana mayor del independentismo, ‘president’ incluido, se conformó con estar a unos cinco metros del compás de la manifestación. Se evitó la fotografía de los políticos liderando y no les hicieron hueco en los parlamentos. Los discursos tampoco se salieron del guión y esta vez, se ciñeron a un manifiesto para evitar cualquier descarrile argumental: diálogo, denuncia de una sentencia que lesiona derechos fundamentales, desmarque de la violencia, críticas a la actuación policial y reproches al Govern y al Parlament por no haber estado "a la altura" en el encargo de ofrecer una respuesta institucional al fallo del Tribunal Supremo.

"Nos hace falta urgentemente una respuesta política e institucional a la altura del momento histórico que estamos viviendo", espetó Elisenda Paluzie. Entre los espectadores, le escuchaba el ‘president’ Torra, quien horas antes reunió en el Palau de la Generalitat a alcaldes de municipios que en los últimos días han aprobado mociones de protesta contra la sentencia. Torra les animó a no "desfallecer" en la reivindicación del ejercicio de la autodeterminación porque, a su parecer, se trata de un camino que no tiene "retorno". El ‘vicepresident’ Pere Aragonès aprovechó la ocasión para criticar a los que consideran que el conflicto radica entre catalanes y reivindicó un "referéndum reconocido" sobre la independencia. En ese acto, los ediles levantaron sus varas y clamaron por la "libertad" y la "independencia".

Las entidades dieron un espaldarazo a los manifestantes encarcelados a raíz de los altercados que se desataron en Catalunya la semana pasada. Paluzie sentenció que es "inaceptable en un Estado supuestamente democrático" que los independentistas encarcelados hayan sido condenados a penas de entre 9 y 13 años de cárcel, "como tampoco podemos permitir que la respuesta a una sentencia injusta haya conllevado más prisión", apostilló.

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, también les recordó. "Este conflicto político no se resolverá ni con jueces ni con más represión y violencia policial", apuntó, y censuró que "nunca se puede negar el diálogo": "Haría bien el Gobierno español en escuchar el clamor de las calles de Catalunya, que gritan libertad". Mucho más contundente fue la abogada y representante de la entidad Irídia -de defensa de los derechos humanos- Anaïs Franquesa, que tachó la actuacion policial de "brutalidad". Todos ellos pidieron una solución "política" para un conflicto de talante "político", y reprobaron la "judialización" del ‘procés’.

La pareja del ‘exconseller’ Jordi Turull, Blanca Bragulat, desmarcó al independentismo de la violencia, tras los altercados de la pasada semana, y dijo que "la violencia no nos representa, ni ahora ni nunca". "Hemos sido, somos y seremos un pueblo que afronta las injusticias y la represión con valentía y coraje desde el pacifismo y la no violencia", subrayó.

Intercambio de códigos

En un ambiente netamente pacífico y festivo, los manifestantes alzaron carteles reclamando la "amnistía" de los presos, y el "fin de la represión". Banderas ‘estelades’ completaban la escena que incluyó en esta ocasión manchas turquesa (las camisetas de la última Diada) en una masa tradicionalmente teñida de amarillo. Siguiendo las instrucciones del Tsunami Democràtic, hubo personas que intercambiaron códigos QR para poder descargarse en sus teléfonos móviles la aplicación que les indicará próximas acciones.

Algunos, más bromistas, coreaban "¡Quins collons!", en referéncia a la reacción del 'president' Quim Torra cuando le comunican que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no quiere ponerse al teléfono, un momento grabado por un documental de TV-3.