¿Qué fue la ley de claridad de Canadá y Quebec en la que se inspira Aragonès?

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha propuesto este martes en el Parlament un "acuerdo de claridad" para fijar las condiciones de un hipotético futuro referéndum sobre la independencia de Catalunya. La idea se inspira en la ley que Canadá impulsó en respuesta a las demandas secesionistas de Quebec, la principal provincia francófona del país. Una vía por la que también apostó en 2016, y tuvo que rectificar ante la polémica suscitada, el entonces líder del PSC y actual ministro de Cultura, Miquel Iceta.

La "ley sobre la claridad referendaria", originalmente 'Loi sur la clarté référendaire', fue una iniciativa que se tomó tras el referéndum sobre la independencia de Quebec en 1995. Con más de un 93% de participación, la consulta, promovida por el gobierno del Partido Quebequés, dio una ajustadísima victoria (por poco más de un punto porcentual) a los partidarios del 'no'. A pesar de no lograr la mayoría, los independentistas aumentaron de forma significativa respecto al referéndum de 1980. Además, el 59,56% de los quebequeses se opusieron a que el gobierno provincial negociara un acuerdo de plena soberanía con el gobierno central.

La norma otorgaba a la Cámara de los Comunes la potestad de validar la pregunta y los resultados

Tras el referéndum de 1995, el primer ministro canadiense, Jean Chrétien, impulsó una serie de medidas para tratar de satisfacer las demandas de los independentistas, pero el poco entusiasmo que suscitó la propuesta llevó a Chrétien a apostar por lo que se bautizó como 'plan b': establecer unos límites y unas condiciones que regularan "con claridad" la posible celebración de un tercer referéndum de estas características.

Pregunta y resultados claros

Después del fracaso de varios intentos de negociación, el 29 de junio de 2000, el Senado de Canadá aprobó la versión final de la Ley de Claridad, fijando unas condiciones bajo las cuales una provincia puede llegar a independizarse y otorgando un elevado grado de poder a la Cámara de los Comunes. La norma establece que la pregunta en cuestión deberá "requerir que la población se declare claramente a favor o en contra de que la provincia se separe de Canadá" y concede a la Cámara baja la potestad de determinar su validez.

Por otro lado, también es la Cámara baja la encargada de dictaminar si la voluntad de secesión ha sido expresada por una "mayoría clara de la población", considerando que "la democracia es algo más que tomar decisiones por mayoría simple". Así, para que prospere la opción independentista, es necesario que haya más votos a favor que en contra y que la participación sea elevada, sin llegar a fijar los porcentajes concretos.

La Asamblea Nacional de Quebec no reconoció dicha ley, al considerarla insuficiente, y aprobó su propia norma, que establecía que bastaba con el 50+1% de los sufragios a favor para proclamar la independencia. Sin embargo, lo cierto es aquella iniciativa consiguió apaciguar las aspiraciones secesionistas, ya que desde entonces no se han vuelto a plantear formalmente nuevas consultas en la provincia canadiense. En 2014, la apuesta electoral del Partido Quebequés por un nuevo referéndum hundió a la formación hasta los peores resultados de su historia y cedió el gobierno al Partido Liberal.

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