El Congreso pide a los letrados un informe sobre los diputados presos

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Pilar Santos / Miguel Ángel Rodríguez

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La Mesa del Congreso, presidida por Meritxell Batet, solicitó este jueves a los letrados de la Cámara un informe sobre los fundamentos jurídicos para saber si procede o no suspender a los cuatro diputados independentistas en prisión provisional por el ‘procés’.

La decisión llegó tras una reunión de tres horas y media de los nueve miembros de la Mesa, en la que el PSOE tiene tres asientos y Podemos, PP y Cs, dos cada uno. Ese reparto hizo que la mayoría progresista de socialistas y morados se impusiera y se optara por pedir ese documento en vez de ejecutar la suspensión de los parlamentarios como pedían populares y naranjas.

El dictamen de los expertos estará listo este viernes, día en que la Mesa se volverá a reunir (12.30 horas) para analizarlo. "Si el informe así lo permite, el objetivo es que la Mesa esté mañana en condiciones de tomar la decisión", aseguró la presidenta de la Cámara. La política catalana subrayó que había "dudas" de los servicios jurídicos y no tiene voluntad de “dilatar nada”, sino que quiere "garantizar que las decisiones sean estrictamente conforme a derecho y con la máxima seguridad jurídica". Y subrayó que la resolución final será “jurídica” y no “política”. Altos cargos del PSOE han manifestado en privado estos días su preferencia por que la suspensión llegara tras las elecciones de este domingo, para evitar que los independentistas puedan sacar rédito en las urnas.

La solicitud del informe a los letrados se produjo después de que Batet recibiera la reprimenda pública del Tribunal Supremo por querer desviar a la justicia la ejecución de la suspensión de Oriol Junqueras, de ERC, y de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, de Junts per Catalunya. El martes a última hora, la presidenta del Congreso envió una carta al alto tribunal para que le orientara sobre qué decisión tomar con los parlamentarios encarcelados y le preguntó en concreto por la aplicación del artículo 384 bis de la ley enjuiciamiento criminal, que prevé la suspensión de funciones de los procesados en firme por terrorismo o rebelión.

El Supremo respondió este jueves con un oficio, firmado por el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, y acordado con los otros seis magistrados que juzgan con él el 'procés', en el que se se subraya que no es función del alto tribunal hacer informes para las Cortes sobre la aplicación de un artículo de una ley y se remite al auto que dicto el 14 de mayo en el que señaló al Congreso que podía aplicar el artículo 21 del Reglamento para apartar a los diputados en prisión preventiva, informa Ángeles Vázquez.

PP: la ley "es clarísima"

Ni para el PP ni para Ciudadanos era necesario pedir la opinión de los letrados porque la orden del Supremo es clara. "Los informes jurídicos se solicitan cuando hay dudas jurídicas y en este caso la ley es clarísima", sentenció la vicepresidenta tercera del Congreso, Ana Pastor. Más contundente se mostró el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, que criticó a Batet por "arrodillar a la democracia española ante los golpistas". "¿Quiere echar un pulso al Supremo? [Jordi] Sànchez ya está pidiendo reunirse con el Rey, [Oriol] Junqueras quiere reunirse con su grupo en este Congreso", relató Girauta antes de considerar todo esto una "peligrosa anomalía". Además, el portavoz de los naranjas avanzó que si mañana, viernes, los diputados presos no son suspendidos, Ciudadanos pedirá la dimisión de la presidenta de la Mesa. El PP, por su parte, estudia ejercer “acciones legales” para que quede “claro” que Batet ha cometido “un delito de prevaricación, porque está haciendo un acto que no es base a derecho a sabiendas”, avisó Pablo Casado.