El juez mantiene en prisión preventiva a Puigdemont mientras resuelve la petición de extradición

Malas noticias para Carles Puigdemont. Tras varias horas de espera, el juzgado de instrucción de la pequeña localidad de Neumünster ha dictaminado este lunes prisión preventiva para el expresidente de la Generalitat de Catalunya. Con esa decisión, el líder de JxCat deberá permanecer en la cárcel hasta que la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, el 'land' donde fue detenido el domingo, decida si acepta la solicitud de extradición a España.

La medida impuesta por el juzgado de Neumünster, al norte del país, niega a Puigdemont la opción de quedar en libertad con medidas cautelares y ha optado por mantenerle entre rejas. Aunque el período de retención terminaba a las 11:30 horas de la mañana, las autoridades judiciales alemanas han decidido prorrogarlo hasta medianoche para dar más margen al juez para tomar una decisión.

Última hora sobre Puigdemont y Catalunya

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A la espera de decidir si da validez y cumple la euroorden de detención emitida por el juez del Tribunal Constitucional Pablo Llarena, este lunes el magistrado de Neumünster se ha limitado a determinar si Puigdemont quedaba bajo custodia policial o en libertad con medidas cautelares. Ha optado por la primera opción. Pero el caso va para largo.

A partir de ahora el juez del Tribunal de Schleswig-Holstein estudiará los delitos que el juez Llarena imputa al líder independentista para valorar si estos se corresponden con los del código penal alemán. Este procedimiento puede durar entre 10 y 60 días e incluso alargarse 30 más en casos excepcionales. Una portavoz del tribunal regional alemán ha asegurado este lunes que es probable que no haya ningún tipo de decisión sobre la posible extradición de Puigdemont a España antes de las fiestas de semana santa. En esa misma línea, su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas, ya ha advertido que el ‘expresident’ puede estar entre dos y tres meses en Alemania.

REBELIÓN O ALTA TRAICIÓN

Tras estudiar el caso recogido en el auto del juez Llarena, la justicia alemana deberá determinar si la entrega de Puigdemont a las autoridades españoles es admisible legalmente y está justificada. Según la legislación comunitaria, un Estado miembro de la Unión Europea solo puede entregar al reo al Estado que lo solicita en dos casos. El primero es si ambos clasifican esa misma ofensa como un delito en el código penal. En el segundo, se podrá proceder a la extradición si el delito del que se le acusa figura en una lista de 32 ofensas serias. La lista incluye delitos como el terrorismo o el tráfico humano, pero no la rebelión.

En Alemania lo más parecido al delito español de rebelión que se le achaca a Puigdemont es el de “alta traición”, el cual también contempla el uso de la “fuerza” o de “amenaza de fuerza” en el intento de “socavar la existencia continuada de la República Federal de Alemania" y por el que se prevén penas de prisión de entre 10 años a cadena perpetua. Si el juez alemán llega a la conclusión que las dos leyes retratan el mismo hecho extraditarán a Puigdemont. “No es descartable que, como el magistrado Llarena, esos jueces vean violencia donde no la hubo jamás”, ha comentado el Catedrático de Derecho Procesal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva-Fenoll.

Aunque ese es el principal delito con el que la judicatura española pretende que Alemania entregue a Puigdemont, puede fallar. Expertos apuntan la posibilidad de que la justicia alemana no equipare los delitos de rebelión y alta traición. Aquí también podrían entrar en consideración otros delitos que el código penal germano sí incluye, como la malversación de fondos. Como ha asegurado el criminalista Martin Heger en el diario ‘Der Spiegel’, no hace falta que ese delito se pruebe, sino que para dar vía libre a una posible extradición el juez alemán solo debe comprobar que se hayan cumplido los requisitos formales y que el hecho en cuestión sea punible.

El expresidente de la Generalitat fue detenido este domingo por la policía alemana en la pequeña localidad de Schuby, al norte del país. La detención fue orquestada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las policías española y alemana, que se coordinaron para bloquear el regreso de Puigdemont a su residencia en Waterloo (Bélgica) tras haber asistido a una charla con diputados del parlamento finlandés. Ahora, su futuro está en manos de la justicia alemana.