Jordi Sànchez da marcha atrás y mantendrá su escaño

Con un requerimiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU a España bajo el brazo para poder salir de prisión y ser investido, Jordi Sànchez ha decidido no renunciar a su acta de diputado. Su última maniobra judicial pasaba por abandonar su escaño en el ParlamentParlament a cambio de ser excarcelado, pero su estrategia no convenció al Tribunal Supremo (TS), que le denegó igualmente la libertad. El expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) se ha replanteado su actividad política institucional y vuelve a buscar atajos que podrían permitirle volver a ser postulante para dirigir el nuevo Govern si así lo promociona su partido en una nueva ronda de contactos. 

El nuevo frente en la estrategia judicial de defensa del diputado de JxCat se basa en el requerimiento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del pasado 23 de marzo, que insta a España garantizar los derechos políticos de Sànchez en cumplimiento del artículo 25 del Convenio, una petición que presentó cuando era candidato a la Presidència de la Generalitat. El documento, dirigido al Estado, ha hecho que el abogado de Sànchez, Jordi Pina, vuelva a solicitar al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que pueda asistir al Parlament.

El profesor y miembro del equipo jurídico internacional de los investigados por el 'procés', Nico Krisch, ha avisado de que el Estado "tiene la obligación de cumplir" con la decisión del comité y de que, si no admite las medidas cautelares previstas, aunque no precisadas, por este, España "estará violando directamente la legislación internacional, específicamente el pacto de derechos civiles y políticos". "No pueden ignorarlo", ha remachado, aunque no hay sanciones directas establecidas en caso de incumplimiento.

La Moncloa

Fuentes del Gobierno, que tiene seis meses para contestar el requerimiento, no vinculante, apuntan que se defenderá que en España hay "separación de poderes" y que las medidas respecto a los imputados las han decidido los tribunales "con todas las garantías procesales". El Ejecutivo "no puede", añaden, "interferir en las resoluciones judiciales dictadas".

Krisch también ha señalado que esta decisión afecta de forma "significativa" a la imagen de España ante la comunidad internacional. "Esto es tan excepcional que normalmente no afecta a Estados europeos", ha hurgado el abogado.

La defensa de Sànchez ha presentado al juez Llarena una copia de la demanda que presentó solicitando medidas cautelares que le permitan asistir al Parlament y la propia resolución de la ONU. "La finalidad es ponerlo en conocimiento de su señoría para que arbitre, como se articula en esa resolución, para que se protejan sus derechos políticos", precisó Pina.