El Gobierno recurrirá ya la designación de Puigdemont como candidato

El Gobierno cambia de criterio y se pone ya manos a la obra para tratar de impedir la investidura de Carles Puigdemont. El PSOE y Cs apoyan el giro. Mariano Rajoy no esperará, como inicialmente tenía previsto y se informó a la prensa, a que la Mesa del Parlament aclare si Puigdemont pretende ser investido telemáticamente para ir al Tribunal Constitucional. O incluso a que haya comenzado el Pleno del día 30 en caso de que no se aclarase ese extremo previamente. En la Moncloa se ha dicidido pedir al Consejo de Estado opinión urgente para poder recurrir este viernes ante el Tribunal Constitucional (TC) la resolución del 22 de enero en que la Cámara catalana, con Roger Torrent como presidente, propuso a Puigdemont como aspirante. Habrá dictamen seguramente en las próximas horas.

Los integrantes del Consejo de Ministros no pueden decirle al Constitucional cuándo debe reunirse no ya para admitir a trámite su recurso, que se suele producir de forma casi inmediata en asuntos de tanto calado, si no para resolver sobre el fondo de la impugnación. En todo caso en el entorno de Rajoy dan por hecho que el Alto Tribunal no demorará su respuesta, habida cuenta de que si no diera la razón a quien recurre podría producir un daño irreparable en los derechos de representación de Puigdemont, puesto que en un máximo de dos meses debe haber nuevo Govern o repetición de elecciones catalanas.

Según informó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en rueda de prensa, tras estudiar al detalle con los servicios jurídicos del Ejecutivo las posibles vías de actuación, se ha concluido que el “actual” estatus jurídico del expresident, que se encuentra en Bruselas y sobre quien pesa una orden de detención orden de detención en caso de pisar suelo español, “carece del derecho de libertad deambulatoria” preceptivo para ser candidato en el Parlament. Y actuarán en consencuencia tras consultarlo con el PSOE, el PSC y el PP. Cs apoya la impugnación pero con ellos no ha habido contactos.

La cita de Bruselas del miércoles

Ciertamente ese estatus jurídico de Puigdemont al que ahora se aferra el Gobierno es el mismo que el día 22 de enero, la jornada en que la Mesa del Parlament tomó y oficializó la decisión de convertir a Puigdemont en el –único- aspirante a la Generalitat. ¿Entonces? ¿Por qué se anuncia este jueves y no entonces la intención de acudir al Alto Tribunal? Según se desprende de las explicaciones de Sáenz de Santamaría, por entenderse que la cita que mantuvieron en la capital belga hace apenas 24 horas Torrent y el expresident de Catalunya evidencia “el hecho insólito” de que se quiera convertir en presidente de nuevo a alguien que permanece huido y no se atreve a regresar a España para evitar la prisión.

Así las cosas el Gobierno se pone manos a la obra para, entre otras cosas, tratar de forzar a Torrent a que tenga que optar entre incumplir o cumplir la resolución que en breve le puede llegar del Constitucional, esto es, un auto de suspensión de la decisión de la Mesa que impediría que Puigdemont sea el candidato para la sesión prevista el día 30. Si se da esa circunstancia y dado que los tiempos siguen corriendo, en La Moncloa se da por hecho que habría que elegir otro candidato o candidata si quiere investidura, salvo que Torrent quiera “incumplir una ley de su Parlament”.

Los periodistas le preguntaron a Santamaría por qué el Ejecutivo da ahora por hecho que esa circunstancia de falta de “libertad deambulatoria” del expresident va a mantenerse el día 30, dado que depende de su voluntad regresar, ponerse a disposición del juez del Supremo y solicitarle en caso de ser encarcelado que le permita acudir al Pleno de investidura para que no se le impida ejercer sus derechos políticos. Santamaría evitó entrar en el fondo del asunto y se limitó a responder que recurren la circunstancia que se ha producido, aludiendo a que Torrent proponga a alguien que está en Bruselas y con orden de detención en territorio español.

¿Y si el candidato es Junqueras?

Los siguientes pasos que hubiera dar en caso de que Puigdemont vuelva, se verán, apuntan fuentes de La Moncloa. Las mismas que señalan que si Torrent acatase la más que probable suspensión del TC y señala como candidato a Oriol Junqueras el Gobierno se pondrá a estudiar sin pausa cómo actúa y si debe o no acudir de nuevo a los tribunales para impedirlo.

En todo caso el Ejecutivo central se ha puesto en marcha, en contra de lo sugerido por su propio presidente este miércoles, en que se enfrentó a una entrevista radiofónica en Onda Cero en una jornada complicada para él y su partido, dado que el exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, confirmó que en las filas populares hubo financiación ilegal. En dicha entrevista a Rajoy, además de por esa corrupción o por otras cuestiones peliagudas, se le preguntó también si pensaba actuar de inmediato para impedir la investidura de Puigdemont, respondiendo que aún no había elementos suficientes para poder hacerlo. Y es que hasta este jueves el planteamiento jurídico de La Moncloa era otro.

Ahora se insta a que el Consejo de Estado emita informe sobre ese recurso contra la decisión de la Mesa, pero también sobre otras cosas, por aquello de aprovechar la circunstancia y ganar tiempo: se le demanda valoración de si puede un candidato someterse a investidura de forma no presencial o si, en caso de que ocurriese, favorecer el voto delegado a los huidos de la justicia sería ilegal.