Junqueras pide asistir a los plenos para no "distorsionar" el Parlament

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, encarcelado desde el 2 de noviembre en la causa por rebelión, ha vuelto a insistir en su petición de ser trasladado a la prisión catalana de Brians-I y poder asistir a los plenos del Parlament. En su recurso contra la negativa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena a permitirle salir de prisiónPablo Llarena  se considera una "distorsión de la institución parlamentaria" el que ni él ni los también diputados electos Jordi Sànchez y Joaquim Forn puedan ejercer sus derechos políticos en la Cámara.

Según el escrito, "no resulta de recibo apelar a la existencia de un riesgo asociado a la movilización o apoyo popular" que pudieran tener los diputados presos para negarles el permiso para acudir a los plenos. "Si una movilización popular no permite cercenar los derechos políticos de alguien en libertad, a quien se puede apoyar públicamente de forma masiva, no tendría que hacerlo tampoco para alguien en prisión provisional", situación que atribuye a que el magistrado "olvida que la medida cautelar de prisión provisional es compatible con el ejercicio de derechos políticos".

"Nadie diría que una salida a un hospital de un preso 'desactivaría la prisión provisional', ni tampoco asistir a un funeral", sostiene el abogado de Junqueras, Andreu van den Eynde, que añade que "la jurisdicción penal es capaz de articular medidas que garanticen la custodia y el ejercicio de derechos políticos".

Gabriel y Boya niegan la competencia del Supremo

El recurso apela a una monografía del actual fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, que "tan acertadamente defiende la inviolabilidad e inmunidad parlamentaria". Otro de los argumentos para que el líder de ERC pueda asistir al Parlament es que "nadie abogaría por restringir los derechos a la libertad religiosa o de culto, de educación o de asistencia sanitaria a un interno en prisión". De ahí que también "habría de protegerse un derecho tan fundamental como el de participación política en cuya esencia se discute la legitimidad del propio sistema político y de justicia". Añade que la protección de los derechos políticos de un diputado implica la de la institución parlamentaria misma, que es un poder del Estado.

Por su parte, las exdiputadas de la CUP imputadas en la causa por rebelión, Anna Gabriel y Mireia Boya, han presentado un escrito en el que niegan la competencia del Supremo para investigarlas y apelan a una supuesta falta de imparcialidad del alto tribunal, al haber sido miembros de su Sala Segunda los dos últimos fiscales generales.