SENTENCIA POR EL SAQUEO DE UNA HISTÓRICA ENTIDAD CULTURAL
'Caso Palau': Convergència, condenada por la Audiencia de Barcelona
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. Albalat
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) cobró comisiones ilegales por al menos 6,6 millones de euros de la constructora Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública en Catalunya. Tanto el partido como la empresa utilizaron para canalizar esos fondos el Palau de la Música y la complacencia de los que eran hasta el 2009 sus máximos directivos, Fèlix Millet y Jordi Montull. Así lo considera acreditado el tribunal de la Sección 10ª de la Audiencia de Barcelona, que ha condenado a la formación política por haberse financiado ilegalmente una década (1999-2009) y ha acordado el decomiso de esos 6,6 millones. Al extesorero convergente, Daniel Osàcar, se le ha impuesto una pena de cuatro años y cinco meses de prisión y una multa de 3,7 millones de euros. La fiscalía pedirá medidas cautelares contra él y CDC recurrirá la sentencia. [Sigue las últimas noticias sobre la sentencia del caso Palau en directo.]
El fallo relata que el expresidente del Palau, Fèlix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, también condenados, mediaron para poner en marcha un sistema que permitió que Ferrovial pagara comisiones a CDC a cambio de obras públicas gestionadas por la Generalitat, como la línea 9 del metro de Barcelona o la Ciutat de la Justícia, o entidades locales en manos del partido. Para ello, los dos exmáximos responsables de la entidad cultural pactaron primero con el extesorero convergente, Carles Torrent, fallecido en el 2005, y después con su sucesor, Daniel Osàcar.
Para el desembolso de comisiones, los exdirectivos de la entidad cultural, según la sentencia, pusieron a disposición de Ferrovial y de CDC la estructura económica del Palau para poder ocultar los pagos y los cobros bajo la forma del patrocinio. Los magistrados detallan que los ingresos efectuados por la construtora en el auditorio "iban destinados en su mayor parte" a abonar las comisiones al partido para que se le adjudicara obra pública, "empleando para ello su influencia sobre personas que debían resolver" dichos contratos. Los extesoreros, agrega la sentencia, "garantizaban que otros responsables del partido, que no han podido ser determinados", ejercieran las presiones sobre los cargos públicos de su formación.
Comisiones del 4%
Las comisiones que Ferrovial y CDC pactaron eran del 4% del importe total del importe de las adjudicaciones de las obras públicas. El 2,5% era para el partido y el 1,5%, para Millet (1%) y Montull (0,5%). Este "acuerdo criminal", incide la resolución, se mantuvo "ininterrumpidamente" desde antes de 1999 hasta el 2009, cuando los Mossos d'Esquadra registraron el auditorio barcelonés en busca de pruebas sobre el saqueo de la entidad.
Desde principios de 1999 hasta julio del 2009, el total de comisiones satisfechas al partido ascendió como mínimo a 6,6 millones de euros, que es la cantidad que el tribunal ordena decomisar. A través de este mecanismo, Millet y Montull lograron 3,5 millones de euros. CDC tiene 15 sedes embargadas cautelarmente, pero su valor es solo de 3,2 millones de euros, con lo cual faltan 3,4 millones para cubrir toda la cantidad que le será decomisada.
Los fondos entregados por la constructora fluyeron hacia CDC por tres vías. La primera, la entrega de dinero en efectivo a sus extesoreros Torrents y Osàcar (3,7 millones). La segunda, la emisión de facturas al Palau por servicios prestados realmente al partido. Y la tercera, los falsos convenios de colaboración entre el auditorio y la fundación Trias Fargas (ahora CatDem), que pactó en el 2009 la devolución del los 630.000 euros entregados por el auditorio.
Los magistrados han tenido en cuenta a la hora de condenar a CDC las confesiones de los dos máximos exdirectivos del auditorio, Millet y Montull, y la hija de este último, así como la de dos empresarios que admitieron la confección de facturas falsas. Unos testimonios que corroboran de forma abrumadora y "copiosa" documentos hallados en el Palau de la Música en julio del 2009 durante el registro de los Mossos. Cabe destacar uno de ellos en el que figura el nombre de 'Daniel', que los exrepresentantes de la entidad dijeron que era Osàcar, y que se detallaba el reparto de comisiones. Las agendas de Jordi Montull y las anotaciones de su hija Gemma han permitido reconstruir la trama.
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