EL AÑO QUE VIENE

Catalunya en el 2018: El 'procés' vuelve a la casilla de salida

Carles Puigdemont se dirige a los medios de comunicación, ayer en Bruselas.

Carles Puigdemont se dirige a los medios de comunicación, ayer en Bruselas.

Jose Rico

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Desengáñense: con un lustro de vida a sus espaldas, el hámster del 'procés' no dejó de rodar el pasado 21-D, sino que seguirá arramblando titulares, crónicas, tertulias y tuits en el neonato 2018. Y como estamos avisados, hagamos ya el primer paréntesis.

El año que acaba de empezar no tardará demasiado en zanjar, nueve años después, uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de Catalunya: el saqueo del Palau de la Música. Seis meses no han sido suficientes para fraguar una sentencia que quién sabe si hubiera cambiado otro veredicto, el de las urnas, de haber caído en plena campaña electoral, o mientras la política catalana atravesaba el bochinche del último cuatrimestre.

Pero según fuentes judiciales, ahora sí está al caer un fallo que, más allá del dueto Millet-Montull, podría suponer la primera condena a la extinta CDC por aquel famoso "problema" del 3% que aireó Pasqual Maragall. Lo que se antoja complicado, aunque haya sentencia de cárcel, es que en los 365 días venideros veamos entrar en ella a los saqueadores confesos del Palau. La previsible cadena de recursos, la sempiterna lentitud judicial y la senectud de los acusados juegan a su favor.

EL CLAN ACORRALADO

Quien sí podría pisar la prisión este año es un miembro del clan Pujol. Con la reciente salida del primogénito fianza mediante, pronto será el turno de Oriol, el 'hereu' destronado por el 'caso ITV'. Se sentará en el banquillo y su pacto con la fiscalía le enviará a la cárcel tras admitir el cobro de comisiones a cambio de favores a empresarios amigos. La copiosa carpeta judicial contra la otrora poderosa saga, hoy pluriimputada, proseguirá su flemático discurrir, pero aventurar el ocaso de alguna de ellas este año parece una quimera.

Cerrado el paréntesis, vayamos al lío. Las urnas dieron al independentismo una segunda oportunidad, pero le devolvieron a la casilla de la que partió hace dos años. Con menos escaños y porcentaje de votos en el zurrón y consumidos todos los cartuchos legales e ilegales para arribar a Ítaca, la gravosa factura judicial que pagan Junts per Catalunya y ERC hace pender de un hilo el arranque de la legislatura post-155.

Carles Puigdemont deshoja en Bruselas la margarita de todo el secesionismo y que, en realidad, trasciende a su propia investidura. Cumplir su promesa electoral de regresar a Catalunya para intentar ser restituido (martirologio en mano), o hacerlo retorciendo más todavía el reglamento del Parlament, significaría enviar el mensaje de que la batalla sigue en pie pese al fiasco de la DUI, a lo que presumiblemente el Estado contestaría apretando la soga del 155, que a priori caducaba con el nuevo Govern.

MÁXIMA INMUNIDAD

Lo contrario, ceder paso a otro candidato y quedarse en su retiro belga para eludir el arresto sería un gesto de distensión, pero también una prueba de rendición a ojos de esa parte del independentismo que abortó en octubre pasado los comicios que hubiesen ahuyentado el 155. Puigdemont pone ahora la misma condición imposible que entonces: la máxima inmunidad judicial, que en este caso equivale a que la fiscalía no pidiese prisión preventiva y así poder recuperar su despacho en Palau. Los planes del Tribunal Supremo son otros, pues la supuesta rebelión se sigue cobrando imputados en una causa cuyo juicio algunas fuentes se atreven a situar a finales de este 2018.

ERC calla a la espera de poder jugar la carta de Oriol Junqueras, pero confían más bien poco los republicanos en que su líder pueda salir de la cárcel el jueves tras su cita ante el juez. El contrastado proceder indómito de Puigdemont hace imprevisible el desenlace, y por eso ni siquiera puede descartarse la tentación de bloquear la investidura y forzar nuevas elecciones a finales de mayo si no le dejan volver a Palau.

RENUNCIAS EN CADENA

Tampoco se desecha la idea de hacer dimitir a todos los encarcelados o 'exiliados' salvo Puigdemont y Junqueras, a fin de blindar una mayoría absoluta que perderían si se aferran a unos escaños que pueden asumir pero no ejercer. Y no faltan quienes, de momento con discreción, apuestan por regresar al redil del pragmatismo y refugiarse en la gestión económica y social para justificar que se requiere tiempo para construir las "estructuras de Estado". Un haraquiri programático que empinaría aún más una cuesta de enero secesionista en cuya cúspide esperan cuatro imprescindibles votos de la CUP.

16 AUSENTES

Abramos otro paréntesis para confiar en que, entre tanto embrollo, quienes nos gobiernen el próximo 17 de agosto sabrán decretarse una tregua en el lodazal para honrar a las 16 vidas segadas por la barbarie yihadista en Barcelona y Cambrils durante la pasada canícula.