El juez Llarena será pieza clave para definir la próxima investidura

La investidura del futuro 'president' o presidenta de la Generalitat no solo depende de los acuerdos que sean capaces de alcanzar los partidos catalanes. También está en manos del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Como instructor de la causa abierta por rebelión es quien puede conceder permisos a los diputados electos que se encuentran en prisión (Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Joaquim Forn) y quien tendrá la última palabra respecto al futuro de los que, como el 'expresident' Carles Puigdemont, se encuentran en Bruselas y que, salvo cambio de última hora del reglamento del Parlament, tendrán que volver a España si desean asistir a esa votación en el Parlament. Incluso la presencia de la número dos de ERC, Marta Rovira, a la que el juez ha imputado este viernes junto con el 'expresident' Artur Mas, dependerá de su decisión en el caso de que decrete su ingreso en prisión cuando preste declaración después de navidades.

El juez Llarena también ha imputado este viernes a las que eran dirigentes del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya y Anna Gabriel; la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, y la presidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, pero solo la dirigente republicana ha obtenido el acta de diputada. Con ella (más los tres presos y los cinco que están en Bélgica) son nueve los miembros de ERC y Junts per Catalunya a los que se investiga por rebelión.

Si Llarena no les diera permiso para asistir al debate de investidura previsto a principios de febrero y ninguno de esos partidos opta por hacer correr la lista, el bloque soberanista solo contaría con 61 diputados para votar al 'president', siete escaños menos de los que requiere la mayoría absoluta. Si la situación se repite en abril, los constitucionalistas podrían tratar de buscar la mayoría simple suficiente para nombrar al presidente o presidenta catalán.

Se antoja muy complicado que Llarena, que negó a Sànchez la posibilidad de participar en actos de campaña, no envíe a prisión a Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Antonio Comín y Meritxell Serret cuando vuelvan a España, para asistir a ese debate, teniendo en cuenta que justo huyeron ante la primera citación judicial, una circunstancia que también se tendrá en cuenta cara a la concesiónde permisos penitenciarios.

Proceso de ruptura

El juez ha tenido muy presente el informe de la Guardia Civil en el que se pormenorizaba la actuación de los protagonistas del proceso independentista para elevar a 28 el número imputados, una cifra que puede ampliarse, porque este mismo viernes la fiscalía le ha pedido incluir también al exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero y a Josep María JovéJosep Lluís Trapero y a Josep María Jové, segundo en Economia del exvicepresidente Oriol Junqueras, y cuya agenda sitúa a los seis nuevos investigados en las reuniones que se supone sirvieron para "idear y pergeñar el proceso de ruptura" investigado. Según el juez, todos ellos habrían tenido una participación principal y destacada en su desarrollo, "aportando el apoyo político que precisaron la actuación parlamentaria y la actuación de ejecución que llevaron este proceso a término".

En el comité estratégico sitúan los agentes a los seis nuevos imputados, junto con Puigdemont, Junqueras, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; los presidentes y vicepresidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, así como los directores de las oficinas de desarrollo del autogobierno, Carles Viver Pi Sunyer, Víctor Cullell y Josep Maria Reniu y los presidentes y secretarios generales de los partidos independentistas.

El informe situaba el inicio de la vía unilateral en el Gobierno de Mas, cuando "se formalizaron el acuerdo de transición nacional y la declaración de soberanía".  "Se creó el Consell Assessor per a la Transició Nacional y el libro blanco, que contemplaba la estrategia y los objetivos de los ideólogos de una Catalunya independiente", señala. Todo pasaba por la internacionalización del conflicto, los procesos de autodeterminación y constituyente y la creación de estructuras de Estado, así como el control de infraestructuras estratégicas, incluso las exigidas por Europa.

Comité ejecutivo

En un segundo nivel, se sitúa el comité ejecutivo, del que forman parte los 'exconsellers' y otros responsables de la Generalitat como Jové y el que era secretario general de Presidència Joaquin Nin, así como los responsables civil y policial de los Mossos, César Puig y Josep Lluís Trapero, quienes, junto a su exdirector general Pere Soler, "constituían la cúpula del cuerpo imprescindible" para "no dar al traste con la celebración del referéndum".

Según el informe, su inactividad a la hora de cerrar los colegios obligó a intervenir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, "produciéndose escenas de odio, resistencia, intimidación, amedrentamiento y violencia", con las que, según "la estrategia de manipulación" de los actores independentistas se pudiese acusar "al Estado de represión". "Algo deseable, dentro de su objetivo de confrontación, conflicto, desobediencia y ruptura", dicen los agentes.

Ahí también se inscribe lo que califican de "estrategia de tergiversación": la hipotética amenaza de que se podían producir muertos que esgrimieron Puigdemont y Rovira.