EL PULSO SOBERANISTA

El Gobierno liquida el Diplocat y diluye la hacienda catalana

También se deja sin efecto preceptos para la recaudación de tributos y cotizaciones sociales

Iñigo  Mendez de Vigo

Iñigo Mendez de Vigo / periodico

El Periódico / Efe

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El Consejo de Ministros ha acordado este viernes la liquidación del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, conocido como Diplocat, y cuya actividad ya había suprimido el pasado 27 de octubre con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que ha explicado que en un primer momento se acordó la supresión de Diplocat y ahora se ha aprobado ya su liquidación definitiva como entidad. Una manera de recordar a los votantes catalanes conservadores, solo seis días antes de las elecciones, que al Gobierno no le ha temblado el pulso para acabar con una de las herramientas más polémicas de los independentistas. 

Impulso internacional

Diplocat era una entidad público-privada al servicio de Generalitat para el impulso del proceso independentista en la esfera internacional. Con la aplicación del artículo 155, el Gobierno ya había ordenado el cierre de las "embajadas" catalanas en países como Alemania, Reino Unido, Italia o Francia, excepto la oficina abierta ante la UE.

Además de la liquidación de Diplocat, el Consejo de Ministros ha aprobado dejar sin efecto determinados preceptos aprobados por la Generalitat para la recaudación de tributos y cotizaciones sociales en Catalunya y que estaban dirigidos a ser el germen de la llamada hacienda catalana.

En concreto, se trataba de convenios que centralizar en la agencia tributaria catalana la presentación de modelos de autoliquidación y otros trámites de tributos estatales, y en la dirección general de Protecció Social la prestación de servicios relativos a cotizaciones sociales e ingresos de las cuotas correspondientes.

El Ejecutivo central aduce que, además de invadir competencias estatales, estas medidas tratan de evitar "confusión" porque los organismos y funcionarios implicados "se podían encontrar en una situación desde el punto de vista legal insostenible".