El Supremo comunica este lunes si los 'exconsellers' salen de la cárcel

El Tribunal Supremo ha citado a las 9 de la mañana de este lunes a los procuradores del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Jonqueras, y de los otros siete ‘exconsellers’ encarcelados por presunta rebelión a raíz de la convocatoria del referéndum unilateral y la declaración de la independencia de Catalunya. A esa hora, el magistrado del alto tribunal, Pablo Llarena,  notificará si acepta o no la petición de libertad que los exaltos cargos le plantearon el viernes de la semana pasada, tras declarar y acatar, con una u otras palabras, el artículo 155 de la Constitución, aunque no esté conformen con su aplicación, y a renunciar a recurrir a las vías unilaterales al mostrarse dispuestos a actuar dentro de los cauces constitucionales. Su liberación permitiría a la mayoría participar en persona en la campaña electoral que se inicia este martes.

El juez Llarena, que durante unos años fue presidente de la Audiencia de Barcelona, fue más laxo que su homóloga de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, a la hora de decidir sobre la situación de los investigados por la convocatoria del referéndum. El magistrado del Supremo dictó el pasado 9 de noviembre prisión eludible con fianza de 150.000 euros para Carme Forcadell, que fue excarcelada tras pagarla, y de 25.000 euros para el resto de los miembros de la mesa del Parlament, Lluis Corominas, Lluis Guidó, Ramona Barrufet y Anna Simón. Forcadell,  como hicieron el viernes los exconsellers encarcelados, acataron el artículo 155 y afirmó que la declaración unilateral de independencia (DUI) había sido “declarativa y simbólica”, sin validez jurídica. Los abogados de Junqueras y del resto de políticos entre rejas esperan que el juez del alto tribunal siga el mismo criterio y deje libre a sus clientes. También se conocerá son excarcelados los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

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La huida de Puigdemont

La fiscalía, sin embargo, ha pedido que los exaltos cargos de la Generalitat continúen en la cárcel, donde ingresaron el pasado 2 de noviembre por orden de la jueza Lamela, que entonces instruía el caso. Para la acusación pública, de las declaraciones del exvicepresidente y los exconsellers realizadas el pasado viernes “no se ha podido inferir un atisbo de sometimiento a la legalidad vigente”. En su informe, los ficales Consuelo de Madrigal y Jaime Moreno recordaron la huida del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Bruselas, donde todavía permanece, y las altas penas con las que se castiga la rebelión, la sedición y la malversación. No obstante, diferenciaron entre la responsabilidad de Carles Mundó, Dolors Bassa y Meritxell Borràs de la del resto, posibilitando de que a estos se les imponga una medida cautelar menos gravosa que la solicitada.

El abogado Jordi Pina, que representa a varios de los candidatos de Junts per Catalunya (JxCat) al 21-D, explicó que en su informe planteó al juez que tenga en cuenta esta “situación excepcional” para que puedan concurrir en igualdad de condiciones a las elecciones.