El PP pide su absolución en la Gürtel por falta de pruebas y atribuye intereses políticos a la acusación

En los 14 meses que ha durado el juicio de la primera época de la Gürtel (1999-2005), la representación legal del PP ha aprendido la lección. De pedir la nulidad de actuaciones, lo que equiparó al partido de Mariano Rajoy con la mayoría de acusados, incluido su extesorero Luis Bárcenas, este jueves ha preferido pedir su absolución, pero negando la existencia de pruebas de que se enriqueció ilícitamente con la trama corrupta, sin cuidándose de no llegar a negar nunca la mayor: la corrupción que se atribuye a Francisco Correa y los otros 36 acusados.

El exfiscal de la Audiencia Nacional y actual abogado del PP, Jesús Santos, decidió cambiar de estrategia y concluyó su informe de conclusiones adhiriéndose a las palabras del abogado del Estado Edmundo Bal relativas a que "la corrupción es un verdadero cáncer en todas las democracias". Hasta elogió el trabajo de la Unidad de Delicuencia Económica y Financiera y de la Agencia Tributaria. 

Los acusados de Gürtel "atentaron contra el Estado de derecho", según Anticorrupción

Eso sí previamente cuestionó la actuación de los agentes de ambos órganos que no habían concretado las acusaciones en las que se basa la fiscala Anticorrupción Concepción Sabadell para reclamar al PP, como partícipe a título lucrativo, 111.864 euros por supuestos actos electorales realizados en 2003 en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y 133.628 por los mismos hechos en la cercana localidad de Majadahonda.

Según Santos, después de 14 meses, continúa con "más de 100 preguntas" sobre los actos por los que se reclama al partido esa cantidad: de qué actos se trató, quién los encargó o cuándo se hicieron. Insistió en que los perjudicados de los delitos cometidos por los que supuestamente se enriqueció el partido serían esos dos ayuntamientos madrileños y ninguno le reclama cantidad alguna.

Negó que su oposición a que declarara como testigo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o su negativa a contestar como representante legal del partido supusiera un reconocimiento "implícito o explícito" de culpabilidad. A continuación el letrado aseguró que, en cualquier caso, la reclamación del beneficio ilícito reclamado estaría prescrito. Se basa en que la investigación de la Gürtel empezó en 2008 y no se reclamó nada al partido hasta el escrito del fiscal presentado en 2015, lo que supera ampliamente el plazo máximo previsto por la ley.

Intereses políticos

Lo que no desaprovechó Santos fue la ocasión de criticar a las acusaciones populares y, en la misma línea que han ido estos días responsables del PP, ha criticado a la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), de la que dijo que con ella "ha pasado a un segundo plano la búsqueda de la verdad material y han jugado" a acusar con "una clara intencionalidad política".

La culpa a Sepúlveda

Por su parte, la representación de la exministra de Sanidad Ana Mato, ejercida por la abogada Julia Muñoz, sostuvo que los 28.467 euros que se le reclaman se deben a gastos ordinarios de la familia que no le correspondía abonar a ella, sino a su exmarido, Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón.

Pidió su absolución argumentando que Mato "se ha visto de forma directa perjudicada personal y profersionalmente por un valor mucho mayor de lo que se le reclama". De ahí que solicitara solo con su absolución puede la sala resarcirla del daño sufrido.

Visto para sentencia mañana

El tribunal entiende que si alguien tiene que ser el último en el uso de la última palabra debe ser el considerado líder de la trama Francisco Correa, así que será él quien cierre este viernes unas sesiones que comenzaron el 4 de octubre de 2016.