CAUSA POR REBELIÓN

El fiscal niega que la decisión del Supremo sobre Forcadell afecte a la prisión del Govern

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, este lunes, en València.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, este lunes, en València. / periodico

Ángeles Vázquez / J. G. Albalat

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La Fiscalía no considera que la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena de dejar en libertad bajo fianza a la mesa del Parlament en la causa por rebelión, sedición y malversación que tiene entre manos "contradiga, afecte o deslegitimela prisión de los exmiembros del Govern acordada por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el pasado día 2.

Para el ministerio público, que este viernes ha anunciado que no recurrirá la resolución del juez Llarena, las medidas cautelares de prisión acordadas por el Juzgado Central de Instrucción número 3 "han sido tomadas conforme a derecho y rigurosamente fundamentadas en el evidenciado riesgo de fuga y de reiteración delictiva concurrente en los querellados en dicho procedimiento", que son "distintos" de los que concurren en los que lo son ante el Supremo. Estos negaron volver a utilizar vías unilaterales para propulsar la independencia de Catalunya, mientras que el depuesto Govern se limitó a contestar durante cinco minutos a sus abogados, salvo Santi Vila que también quedó en libertad tras pagar una fianza.

La fiscalía despliega cinco argumentos para rechazar recurrir el auto de Llanera, que entiende que "con una rigurosa y extensa fundamentación", en la que desarrolla el requisito de violencia que exige la rebelión o en su caso la sedición, respalda "el planteamiento formulado en la querella interpuesta"; acuerda para los querellados "medidas tendentes a evitar el riesgo de fuga", y destaca que los miembros de la Mesa "se han presentado siempre que han sido citados", a diferencia de otros encausados “que se encuentran actualmente fugados”.

Además, la reiteración delictiva queda minimizada con "la circunstancia sobrevenida de que los querellados han manifestado que o bien renuncian a la actividad política futura o que los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional". En el caso de que incumplan esta declaración se modificarán las medidas adoptadas.