El jefe de la UDEF afirma que Rajoy percibió "indiciariamente" fondos de la caja b

Tras cuatro meses sin actividad, la comisión que investiga la presunta corrupción del PP en el Congresocorrupción retomó este martes sus trabajos con la comparecencia de los algunos de los principales investigadores de la ‘trama Gürtel’. Los agentes ratificaron en las Cortes la existencia de una “organización delictiva” que, desde los años 90 hasta finales del 2009, se dedicó a conseguir adjudicaciones “amañadas” de las administraciones públicas, lo que posibilitó “mecanismos de financiación” del partido conservador, así como el cobro de “comisiones” por parte de varios de sus dirigentes.

Aunque fue extremadamente cuidadoso en sus afirmaciones, para no interferir en las investigaciones judiciales abiertas, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF), Manuel Morocho, conocido como el ‘policía de la Gürtel’, señaló directamente a Mariano Rajoy como uno de los receptores “indiciariamente” de los fondos de la ‘caja B’. Eso sí, precisó que la existencia de una contabilidad irregular a nivel nacional aún no está acreditado en los tribunales por lo que “no podía establecer” que el presidente u otros cargos del PP fueran perceptores de “sobresueldos”. Solo “indiciariamente”.

Asimismo, en una larga comparecencia, llegó a calificar las prácticas investigadas como “corrupción en estado puro”, dado que la ‘trama Gürtel’, conformada por al menos 200 personas, tenía una “profunda penetración y control” sobre el PP, lo que permitió a este partido financiar campañas y actos en -al menos- varios municipios de Madrid.

El PP recuerda que son "indicios"

El Partido Popular, que ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la comisión y se ha opuesto a su reactivación, subrayó tras la intervención de Morocho que el órgano fiscalizador no se puede erigir tribunal ni sus portavoces dictar “sentencias” ante meros “indicios” aportados por los policías. El diputado del PP Carlos Rojas buscó poner en cuarentena las afirmaciones de Morocho y le recordó incluso las sanciones que contempla el Código Penal para aquellos casos en los que la Policía Judicial sobrepasa los límites, lo que provocó que la oposición le recriminara por tratar de “intimidarle”.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, por su parte, puso este miércoles en duda la declaración del inspector jefe y aseguró que "indiciariamente habrá que ver qué valor" tiene su declaración. En respuesta a una pregunta de Podemos en la sesión de control, ha incidido que el PP está acusado a título lucrativo. "Eso solo tiene una responsabilidad civil y no penal, por lo que midan bien las conclusiones porque es bueno esperar a que haya una sentencia", manifestó. 

Asimismo, el excomisario de la Policía Judicial José Antonio González García, cesado en el 2012 cuando el PP llegó al poder, denunció el martes ante la comisión las “presiones” que han sufrido los investigadores, que fueron objeto de varias querellas por parte de varios de los imputados del PP, todas ellas archivadas. Así recordó como Ignacio Cosidó, director de la Policía Nacional hasta el 2016, antes de llegar a este puesto le descalificaba como el “policía de Rubalcaba que construía las pruebas”.

El trabajo previo y posterior

La semana próxima la comisión escuchará el testimonio de otros investigadores policiales y después comenzará una ronda de comparecencias de periodistas, con la vista puesta en acelerar los trabajos, dado que el órgano fiscalizador debería emitir sus conclusiones en seis meses. Sin embargo, es previsible que se pida una prórroga puesto que, desde su constitución el pasado mayo, sólo han desfilado por el Congreso varios tesoreros del PP, excepto Álvaro Lapuerta, que se ausentó por motivos de salud.

La comparecencia más esperada, la de Luis Bárcenas, no aportó demasiada luz puesto que el también exsenador guardó silencio y solo entró al trapo ante supuestos “errores” de los portavoces, mientras que algunos de sus antecesores negaron la existencia de una ‘caja b’ en una sesión caótica.