Asociaciones conservadoras de jueces rechazan la existencia de "presos políticos"

La Asociación Profesional de Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente han salido en tromba en defensa de la independencia del poder judicial y han rechazado que se hable de "presos políticos" en España. A través de un comunicado conjunto, estas organizaciones de carácter conservador denuncian las críticas recibidas tras el encarcelamiento preventivo del 'exvicepresident' Oriol Junqueras y ocho 'exconsellers' y reclaman respeto a las decisiones judiciales "ante los ataques y descalificaciones procedentes de determinados sectores".

En este sentido recuerdan que "España se define como un Estado social y democrático de derecho, en el que todos, ciudadanos y poderes públicos, estamos sometidos a la Constitución y a la ley, y en el que el ejercicio de la función jurisdiccional corresponde en exclusiva a jueces y tribunales independientes, responsables y sujetos únicamente a aquella".

Tratado fundacional de la UE

En el texto aseguran que "hablar de presos políticos o directrices políticas en este país es desconocer el tratado fundacional de la Unión Europea, la Constitución y la esencia de la función judicial". Asimismo, añaden que "es desconocer de manera interesada algo evidente" y recuerdan que su función "no es hacer las leyes" sino interpretarlas y aplicarlas cuando son aprobadas por las Cortes Generales, Asambleas de las Comunidades y organismos europeos competentes "actuando conforme a criterios de legalidad, no de oportunidad o conveniencia política, y menos aún al dictado de otros poderes o intereses".

Jueces para la Democracia se desmarca

Por su parte, Jueces para la Democracia ha emitido otro comunicado en el que defiende que las sentencias "están sujetas al escrutinio y a la crítica pública". La asociación muestra su preocupación por la "interpretación extensiva del Derecho Penal y limitativa de la libertad personal" y reitera la "excepcionalidad" de decretar "una medida tan gravosa como la prisión provisional". Al mismo tiempo, recuerda la existencia otras medidas como la prestación de fianza, la retirada de documentos de viaje, la vigilancia policial o comparecencias periódicas. 

Además, asegura que "resulta difícil de explicar la diferencia de trato de la misma querella en dos tribunales distintos", en alusión a los miembros de la Mesa que debían declarar en el Tribunal Supremo y los del Govern cesado que lo hacían en la Audiencia Nacional, "donde en uno se ha considerado que había vulneración del derecho a la defensa y se ha otorgado a los querellados una semana para preparar la declaración, mientras que en el otro tribunal se les cita en un festivo y 24 horas antes de declarar".