El fiscal reclama dos años de prisión para David Madí por falsear facturas

La Fiscalía de Barcelona solicita para David Madí, que fue mano derecha de Artur Mas en la extinta CDC y también ocupó el cargo de secretario de comunicación del Govern, dos años de prisión, inhabilitación y multa como presunto cooperador necesario en una trama de facturas falsas. La acusación pública le atribuye, al igual que a otras seis personas, un delito de falsedad documental en concurso con otros dos de fraude a Hacienda.

Entre los investigados también se encuentra el empresario Juan Manuel Parra, uno de los acusados en el juicio del saqueo del Palau de la Música y que reconoció que facturó a la entidad cultural servicios prestados al partido nacionalista, entre ellos parte de la campaña electoral de CiU al Congreso de los Diputados en el 2004. El fiscal pide para él la misma pena que para Madí.

El escrito del fiscal Pedro Castro entregado en el juzgado de Barcelona que ha instruido el caso señala que un productor audiovisual, que ha confesado y para quien se pide una pena menor, se concertó con Parra, otros cinco acusados y Madí "para llevar a cabo un engaño" y defraudar a Hacienda en el ejercicio del 2011. Para ello, se elaboraron facturas que no correspondían con una actividad económica. Es decir, eran falsas. El único propósito era "dar cobertura formal" al fraude, sostiene la acusación pública. Parra, a través de tres sociedades, giró "facturas simuladas" a la empresa del productor audiovisual por 550.000 euros, más 99.000 de IVA.

Facturas genéricas

Por su parte, dos de las mercantiles administradas por Madí, IKI Cat XXI y Nubul Consultig, emitieron facturas supuestamente ficticias a la empresa del productor audiovisual, siempre según la fiscalía, por un importe de 194.700 euros. Los conceptos que aparecen en estos documentos son: "honorarios sobre servicios realizados en el primer semestre del 2011 de acuerdo con el contrato firmado en enero del 2011" o "briefing, campaña y producción de la junta general de accionistas de la sociedad Gas Natural".

Madí negó el pasado julio a este diario las imputaciones y afirmó que las facturas que emitieron sus empresas son por servicios reales y no son falsas. Explicó que se vio involucrado en este asunto porque Hacienda metió en un mismo "paquete"a varias empresas para que la cantidad defraudada por el productor audiovisual llegar a ser delito.

Además de la pena de prisión (un año por cada uno de los dos delitos que se le atribuyen), la multa y la inhabilitación, el fiscal solicita para Madí la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales durante un período de dos años. 

Cuota defraudada

La fiscalía apunta que la cuota defraudada por el productor audiovisual, en colaboración con el resto de acusados, asciende a 257.880 euros en relación con el impuesto de sociedades y 181.620 euros por el IVA. El pasado 6 de febrero, este empresario reconoció en una declaración ante el juez el fraude y la existencia de facturas falsas. Con anterioridad, pagó a Hacienda, a través del juzgado, el dinero que le reclamaba la Agencia Tributaria, así como los intereses. Esto ha permitido a la acusación pública la aplicación en su escrito de acusación de la atenuante de reparación del daño y, por ello, solo se le pide un total de 10 meses y 30 días de prisión (cinco meses y 15 días por cada delito). Así, evita ingresar en la cárcel.