El Gobierno prepara sanciones exprés para funcionarios desobedientes

El Ministerio de Hacienda ultima el desarrollo de un mecanismo que permita una aplicación rápida del régimen sancionador de la función pública sobre los empleados de la administración catalana que pudieran desobedecer la legislación estatal tras la declaración unilateral de independencia (DUI)declaración unilateral de independencia y la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya, que supone "la asunción de las competencias previstas en el Estatuto de Autonomía por el Gobierno de la Nación" con carácter provisional.

Instructor único

La propuesta de acuerdo del artículo 155 que hizo el Gobierno ha sido modificada en el Senado para que sea posible imponer sanciones "sin necesidad de recurrir a informes previos sobre los expedientes disciplinarios". 

Hacienda prevé la aplicación de la ley de bases estatal para la Función Pública y de la normativa catalana ya existente. Sin embargo, los procedimientos de infracción y sanción son largos y dando por hecho que podría ser precisa una aplicación amplia de estos preceptos se ultima una vía rápida que podría, incluir, por ejemplo la figura de “un instructor único” de expedientes, según apuntan fuentes oficiales.

Los responsables del Gobierno, en todo caso, cuentan con que la mayor parte de los empleados públicos intentarán esquivar las decisiones y actos administrativos que puedan resultar polémicos en la aplicación de una hipotética doble legislación, sobre todo cuando requieran de “firma”. 

Dudas de los sindicatos

Los sindicatos advierten de que el Ejecutivo no podrá saltarse la legalidad existente, que tiene acotados los plazos y la sanciones en función de la tipología de la infracción laboral cometida. "Son temas muy regulados y garantistas y dejan margen a la defensa de los afectados. No podrán aplicar un sistema acelerado para sancionar porque no respetaría la legislación", ha indicado Joan Maria Sentís, coordinador del área pública de CCOO de Catalunya.

Los procesos disciplinarios en la Administración pueden durar meses y, si se judicializan, incluso años. La gradación de las sanciones va desde amonestaciones a despidos pasando por suspensiones de empleo y sueldo. Habitualmente, el proceso disciplinario comienza con un expediente informativo con el fin de recabar datos, testimonios y formalizar una acusación y alegaciones. Con las conclusiones, el instructor opta por archivar el caso o bien abrir un expediente sancionador.  

La Generalitat rara vez lleva a cabo un despido directo por motivos disciplinarios, explica Carles Villalante, de UGT, que también ve difícil que el Gobierno pueda acelerar los expedientes previstos en la normativa estatal y en las adaptaciones que hace cada Administración. "Otra cosa diferente son los cargos de confianza, que pueden ser cesados", añade.

Seguridad jurídica, no desobediencia

CCOO y UGT recomiendan a los empleados públicos de la Generalitat que sigan manteniendo la misma exigencia de seguridad jurídica en respuesta a las órdenes que puedan recibir a partir de la aplicación y que, ante cualquier duda, pidan que sean por escrito. Rechazan así las peticiones de desobediencia ante el aretículo 155 que hicieron , entre otros, el 'conseller' de Exteriores, Raül Romeva.  

Los dos sindicatos han criticado los intentos del Govern de la Generalitat y del Ejecutivo central de utilizar a los funcionarios en un conflicto de naturaleza política. "Que dejen de hablar de nosotros. No vamos a convertirnos en escudos humanos contra el artículo 155", ha asegurado Villalante.