Rifirrafe entre Hacienda y la Generalitat por las ayudas a entidades sociales de Catalunya

La Generalitat y el Ministerio de Hacienda han protagonizado un rifirrafe a cuenta de una partida de 10 millones destinados a subvencionar proyectos de más de 500 entidades sociales catalanas. La nueva presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina, ha pedido por carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y al delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, que desbloque esta situación, ya que algunas organizaciones han tenido que recurrir a pólizas de crédito."Estamos hablando de proyectos que afectan a 900.000 personas de atención directa y a un millar de trabajadores que no podrán cobrar si la entidad quiebra económicamente", ha avisado Alsina. 

El conflicto comenzó el lunes con unas declaraciones de la 'consellera' de Treball, Dolors Bassa, que advirtió que la intervención de las finanzas de la Generalitat por parte del Estado está bloqueando las ayudas. Bassa, que calificó el hecho de "un ataque directo al tejido asociativo y cívico" de Catalunya, explicó que se trata de las ayudas que reciben las entidades sociales para sus proyectos a través de la convocatoria ordinaria de subvenciones a proyectos y entidades de carácter social (Cospe).

El Ministerio de Hacienda ha reaccionado el martes y ha rebatido estas acusaciones explicando que la Generalitat no ha solicitado "ninguna petición" sobre pagos destinados a subvenciones para proyectos sociales o entidades del Tercer Sector en Catalunya. Hacienda ha afirmado, a través de un comunicado, que "en ningún caso el Estado ha recibido petición ni certificación por parte de la Generalitat para el pago de subvenciones sociales", por lo que no ha podido proceder al pago de los 10 millones de euros que solicita la presidenta de la Mesa del Tercer Sector.

Solicitudes

Según Hacienda, esta partida se podrá abonar "una vez se cumplan los requisitos por la Intervención General de la Generalitat establecidos en el Acuerdo de No Disponibilidad". Este acuerdo, adoptado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) el pasado 15 de septiembre, contempla que, por motivos de "extraordinaria y urgente necesidad", previa notificación y justificación de la Intervención de la Generalitat, se puede proceder a los pagos correspondientes.

En este sentido, Hacienda ha señalado que ya se han recibido y resuelto solicitudes de la Generalitat para abonar partidas excluidas en el acuerdo, referidas a fondos europeos, a la iniciativa comunitaria de Empleo Juvenil, entre otros. La Generalitat asegura que 307 entidades, que debían recibir un total de 4,5 millones anuales de la Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria (DGACC), y otras 224 que debían percibir 5,51 millones de la Dirección General de Juventud, verán perjudicada su actividad.

Francina Alsina, que tomó posesión del cargo de presidenta de la Mesa del Tercer Sector, que agrupa a más de 3.000 entidades sociales catalanas, el pasado 18 de octubre, ha anunciado que el próximo jueves reunirá a la junta directiva de la Mesa para acordar qué medidas pueden emprender.