La comunidad educativa planta cara a "la amenaza del 155"

Las principales entidades  que conforman la comunidad educativa catalana han convocado nuevas movilizaciones para "blindar" el modelo educativo de Catalunya y protegerlo de las acusaciones que ha encajado en las últimas semanas, en las que se cuestiona la labor del profesorado con acusaciones de "adoctrinamiento y de fomentar el odio contra España". Estudiantes y profesionales han expuesto su voluntad de plantar cara ante una nueva "amenaza", la del "fantasma" que comportaría la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y así, la probable intervención del Departament d'Ensenyament.

Bajo el lema 'No ens toqueu l'educació', el Marc Unitari de la Comunitat Educativa, que engloba a entidades de estudiantes, docentes y familias de alumnos,  ha impulsado concentraciones ante los ayuntamientos de todas las capitales de comarca este miércoles a las seis de la tarde. La acción se complementa con la convocatoria de huelga para este jueves que han formalizado colectivos de estudiantes universitarios y de secundaria contra la aplicación del artículo 155 y para exigir la libertad de los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. 

Coral Latorre, representante del Sindicat d'Estudiants (que también convoca un paro para este miércoles), ha manifestado su voluntad de que  la huelga de los alumnos sirva de "palanca" para consensuar una de tipo general, como respuesta a la intervención del Gobierno del PP, al que ha acusado de "poner sobre la mesa el ADN franquista". 

Modelo de éxito

Desde la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC), Pilar Gargallo ha subrayado que se está sopesando la posibilidad de presentar una demanda contra el líder del PPC, Xavier Garcia Albiol, después de que este declarase que "en la mayoría de centros públicos catalanes se fomenta el odio a España". 

Jaume Aguilar, también de la FMRPC, ha avanzado la voluntad del colectivo pedagógico de mantenerse alerta sobre una hipotética aplicación de dicha normativa, para evitar "abusos" contra un modelo de "éxito", especialmente respecto a la inmersión lingüística. 

En representación del sindicato USTEC·STEs, Ramon Font, ha rebatido las acusaciones de adoctrinamiento llegadas desde las filas populares, a las que ha señalado de realizar justo aquello que achacan al profesorado, en tanto que "han impuesto la religión como asignatura obligatoria".