Un 83% de los catalanes ve desproporcionada la represión policial del 1-O

El 1 de octubre del 2017 quedará en la memoria de varias generaciones de catalanes. Muchos nunca olvidarán las imágenes de policías golpeando a votantes pacíficos, entre ellos muchos ancianos, en su afán de impedir la consulta que finalmente no lograron frenar. Aunque en las últimas semanas se haya intentado normalizar muchas cosas (como el encarcelamiento de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez por un "alzamiento tumultuario pacífico" o los registros de domicilios y empresas sin orden judicial), los catalanes no han olvidado la impresión de aquella actuación policial. Esto es al menos lo que se desprende del barómetro político realizado por el Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para EL PERIÓDICO y que revela que un 83,4% de los consultados lo consideran una respuesta desproporcionada. 

Según esta encuesta, esta visión es compartida no solo por la práctica totalidad de separatistas (98,4%) sino también por una amplísma mayoría de no independentistas (70,5%). Solo un 12% de los encuestados coinciden con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, en que los agentes actuaron de "modo proporcional y proporcionado": una tesis que defienden la mayoría de votantes del PP (78,9%) y C's (57%), pero solo uno de cada cinco del PSC. Se da la circunstancia de que cuanto más jóvenes son los encuestados más críticos con la represión policial. El de los mayores de 60 años, los que saben de primera mano cómo se las gastaban los grises en el franquismo, es el tramo que más justifica los porrazos, aunque solo un 17,2% los avalan.

Si existe un gran consenso a la hora de señalar que la respuesta decretada por el Gobierno español no fue de recibo, también hay un amplio acuerdo a la hora de considerar que la consulta no tenía suficientes garantías para considerarlo vinculante. De hecho solo un tercio de los sondeados (36,3%) afirma que tenía esas garantías necesarias que con tanto ahínco le habían reivindicado a Carles Puigdemont los 'comuns' de Ada Colau para poder darle rango de vinculante a un 1-O en el que terminaron participando entendiéndolo como una movilización ciudadana. Solo uno de cada cinco votantes potenciales de los 'comuns' creen que ese referéndum tenía todos los elementos (al menos metodológicos) para ser considerado válido, algo que descarta un 76% restante. 

La falta de garantías es diagnosticada de forma prácticamente unánime en el bando no independentista, donde solo un 9,2% de los interpelados admiten que se cumplían los requisitos para poder legitimar un referéndum de independencia. Mención especial se merecen en este apartado los que tienen intención de votar a Ciutadans en las próximas elecciones, entre los que no hay ni uno que conceda que hubo las mínimas garantías (hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hay un 10% de simpatizantes del PP que estiman que sí que se dieron). Por contra, tres de cada 10 independentistas asumen que no se llegaba a los estándares internacionales que permitirían avalar cualquier proceso electoral y más uno tan importante como el de la secesión.