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DECLARACIÓN DEL 'EXPRESIDENT'

Montilla pide al Govern y al Parlament que paren la DUI

Considera que la declaración unilateral solo conduce a "una etapa de grandes sufrimientos y ningún resultado positivo"

El Periódico / Barcelona

José Montilla

José Montilla, expresidente de la Generalitat, en una imagen reciente. / FERRAN SENDRA

El 'expresident' José Montilla ha reclamado este martes al Govern y al Parlament que no realicen una declaración unilateral de independencia (DUI). En una declaración colgada en su página de 'expresident', Montilla avisa de que esta "huida hacia adelante" solo conduce "a un camino sin salida y a una etapa de grandes sufrimientos y ningún resultado positivo para nuestra sociedad".

El hoy senador del PSC considera que ha habido "demasiado silencios y demasiadas ambiguedades por parte de la clase dirigente de este país". A su juicio, ya hay señales de que el 'procés' ha provocado "fractura social y ruptura de la convivencia" y que están teniendo un impacto en la economía.

"La división se expresa en todos los estamentos de la sociedad, en las familias, en el mundo económico, en el mundo deportivo, en la vida cultura... Y puede ir a más si no somos capaces de cambiar el rumbo", avisa.

Montilla también apela al Gobierno de España a que, junto con el Ejecutivo catalán, hagan "esfuerzos reales, no retóricos, de disminución de la tensión" para evitar nuevos pasos que puedan abocar "al desastre", al tiempo que considera "del todo imprescindible iniciar un proceso de negociación" para buscar una "salida de futuro a la actual situación". "La ruptura de la ley es inaceptable, el inmovilismo, también", subraya.

Texto íntegro

Esta es la declaración del 'president' Montilla:

"Estas últimas semanas estamos viviendo en Catalunya acontecimientos excepcionales que nadie puede pasar por alto. Nadie puede ignorar la gravedad de la situación a la que nos ha llevado el inmovilismo y la falta de diálogo de unos y la irresponsabilidad de otros prescindiendo del respeto a la legalidad y al Estado de derecho.

Los que tenemos o hemos tenido responsabilidades públicas tenemos la obligación de hacer un último esfuerzo para alertar sobre los riesgos que corremos. Digámoslo claro, ha habido demasiados silencios y demasiadas ambigüedades por parte de la clase dirigente de este país. Debemos acabar con silencios, ambigüedades y eufemismos que no ayudan a un debate sereno, claro y positivo.

Antes del referéndum del Brexit nadie esperaba que la salida del Reino Unido de la Unión Europea se impusiera. Los propios impulsores del Brexit, que difundieron informaciones inexactas o falsas sobre el impacto económico y social de aquella decisión, reconocieron posteriormente que habían exagerado, o simplemente mentido. Hoy, muchos dirigentes británicos que en aquel momento optaron por el silencio, se arrepienten de no haber hablado claro. Sabían que una salida de la UE tendría costes muy severos para el Reino Unido, pero no quisieron hablar para no ser acusados ​​de hacer el discurso del miedo. Ahora, sin embargo, reconocen demasiado tarde que debían haber dicho las cosas por su nombre.

El riesgo, en nuestra casa, aparece ya con mucha claridad. Las advertencias sobre la fractura social y el ruptura de la convivencia no son "el discurso del miedo". Constatar la gravedad de la fuga empresarial no es un discurso del miedo. La alerta sobre la pérdida de oportunidades económicas para en nuestra sociedad no es el discurso del miedo.

Hoy marcha de Catalunya el domicilio social de grandes empresas estratégicas. A la vez, aunque que esto no sea noticia, el de muchas pequeñas y medianas empresas y, también, los ahorros de muchos ciudadanos. Mañana, si seguimos así, nos podemos encontrar con auténticas deslocalizaciones empresariales. La empresa necesita certezas y estabilidad política. Sabe que una Catalunya independiente y fuera de la UE pone en peligro su continuidad. Ningún país puede permitirse el lujo de colocar su tejido económico en estado de shock. Las reacciones que desprecian o frivolizan esta cuestión son irresponsables.

Considerar a la sociedad catalana como un solo pueblo, con toda su diversidad de procedencias y de opiniones ha sido, para todo el catalanismo, un objetivo hasta ahora logrado. Pero hoy eso se está rompiendo. Los acontecimientos que estamos viviendo así lo ponen de manifiesto. La división se expresa en todos los estamentos de la sociedad, en las familias, en el mundo económico, el mundo deportivo, en la vida cultural,... Y puede ir a más si no somos capaces de cambiar el rumbo.

Todo esto no es el discurso del miedo. Es el discurso de la responsabilidad.

Nadie puede ignorar que se está produciendo una creciente desafección de muchos ciudadanos de Catalunya que no consideran las actuales instituciones de nuestro autogobierno como propias. Esto nunca había pasado desde la recuperación de nuestro autogobierno.

El Govern, el Parlament, y muy especialmente el presidente de la Generalitat, no pueden ignorar las voces que claman para impedir una nueva huida hacia delante haciendo una declaración de independencia, tenga esta la forma que tenga, ya que solo serviría para hacer más difícil un acuerdo. Lo dicen voces de dentro de la propia coalición de gobierno, lo dicen todos los partidos de la oposición. Lo piden los cientos de miles de ciudadanos que este fin de semana han alzado la voz en Barcelona y tantas otras villas y ciudades del país. Lo dicen, por supuesto, el Gobierno de España y la judicatura. Lo dicen las autoridades europeas,...

No podemos, colectivamente, seguir por este camino. Debemos exigir al Gobierno de Catalunya y al Gobierno de España que hagan esfuerzos reales, no retóricos, de disminución de la tensión a partir de un compromiso explícito y urgente de no adoptar nuevas decisiones que nos lleven al desastre.

Es del todo imprescindible iniciar un proceso de negociación sobre los problemas de nuestro autogobierno y sobre los cambios legales, constitucionales y de todo orden que sean necesarios para encontrar una salida de futuro a la actual situación. Una vez más tengo que reiterar mi opinión respecto de la necesidad de respetar el marco legal y de reconocer, al mismo tiempo, que hay problemas reales que requieren una solución política. La ruptura de la ley es inaceptable, el inmovilismo, también.

Alguna de las últimas iniciativas parlamentarias acordadas en el Congreso, como la "Comisión para el Diálogo", marcan un camino para la reconstrucción de puentes rotos que no deberíamos desaprovechar.

Soy consciente de que una parte muy importante de la sociedad catalana cree que la única solución pasa por la declaración de la independencia y que, por ello, el margen de actuación del presidente Puigdemont y del vicepresidente Junqueras está demasiado condicionado por la dinámica que ellos mismos han generado. Pero apelo∙ a su sentido de país y su coraje para decir con franqueza a estos ciudadanos la verdad: que así solo vamos a un camino sin salida y a una etapa de grandes sufrimientos y ningún resultado positivo para nuestra sociedad.

Soy igualmente consciente de las enormes dificultades de la vía que, una vez más, sugiero. Pero es la única vía. La vía de la política sensata y de los acuerdos factibles.

Hace falta, pues, que el Govern y el Parlament paren la DUI. Las instituciones catalanas son de todos: tenemos que evitar que se pongan en peligro, situándolas al margen de la ley."

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