El PSOE quiere que el Congreso condene a Santamaría por las cargas en el 1-O

La cuerda que une al PP y al PSOE frente al desafío independentista está cada día más tensa, pero se encuentra lejos de la ruptura. Tras un mes de septiembre en el que ambos partidos lanzaban mensajes en sintonía casi absoluta, con el Gobierno alabando la "responsabilidad" de los socialistas y estos subrayando su "apoyo" a Mariano Rajoy, los pasos a dar tras la consulta unilateral del pasado domingo y lo sucedido a lo largo de tan tensa jornada comienzan a separarles. En el centro de todo están las fuerzas de seguridad del Estado, que cargaron para impedir que se votara y después han sido objeto de protestas vecinales, llegando incluso a ser expulsados en algún caso del hotel donde se alojaban.

El PSOE defiende a la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero cree que ambos cuerpos recibieron "instrucciones políticas" para usar la fuerza en los colegios electorales catalanes. Consideran que la máxima responsable del dispositivo, cuyas violentas imágenes han provocado la alarma de la Comisión Europea y la ONU, fue Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, así que este martes los socialistas anunciaron que iban a pedir al Congreso que reprobase su actuación durante el 1-O. La iniciativa, muy aplaudida desde el PSC, no deja de ser arriesgada en un momento de tanta tensión, con los propios socialistas debatiendo si deben situarse más o menos cerca de Rajoy.

Pero al Ejecutivo central no le cogió de sorpresa. Un día antes, durante la reunión de hora y media que mantuvieron en la Moncloa, Pedro Sánchez le trasladó a Rajoy que a la mañana exigiría responsabilidades directamente al Gobierno. El presidente intentó persuadirle de que no diera ese paso, pero el mensaje hizo escasa mella en un Sánchez que también intenta que el Gobierno negocie desde ya con el ‘president’, Carles Puigdemont. En cualquier caso, el aviso le sirvió al PP para diseñar una estrategia con la que intentar desactivar la iniciativa del PSOE.

Escasos minutos antes de que la portavoz de los socialistas, Margarita Robles, anunciara en el Congreso que iba a impulsar la reprobación de la vicepresidenta, su homólogo en el PP, Rafael Hernando, explicó que los conservadores habían registrado una iniciativa que también afectaba a la Policía Nacional y la Guardia Civil. La proposición no de ley de los populares, cuyo valor es solo declarativo, reclama a la Cámara baja que muestre su “apoyo y respeto incondicional” a ambos cuerpos “en unos momentos de extraordinaria dificultad". Ambas propuestas, la del PSOE y la del PP, se votarán en el Congreso entre la próxima semana y la siguiente. Pero los conservadores no se quedaron ahí. Su maquinaria echó a rodar en toda España, llevando la misma moción a ayuntamientos y parlamentos autonómicos. El escrito denuncia el “enorme clima de hostilidad” y los “numerosos ataques” que los agentes han sufrido en Catalunya.  

“Instrucciones políticas”

“Las fuerzas de seguridad han cumplido las instrucciones recibidas, que han tenido un contenido político clarísimo que viene de la vicepresidenta. No podemos mirar para otro lado”, dijo Robles. Para evitar que su iniciativa parlamentaria (que saldrá adelante si la apoyan todos los grupos salvo el PP y Ciudadanos) fuese identificada con el independentismo, la portavoz socialista mostró su apoyo a las fuerzas de seguridad. También lo hizo Sánchez. “Es intolerable el acoso que están padeciendo quienes velan por nuestra seguridad. Toda nuestra solidaridad con la Policía y la Guardia Civil”, escribió el líder socialista en Twitter.   

Mientras tanto, la principal apuesta de Sánchez, la negociación “inmediata” entre Rajoy y Puigdemont, no tiene visos de arrancar. Al menos, hasta que el ‘president’ aclare si va a impulsar una declaración unilateral de independencia. “¿Negociación con quien está violentado la Constitución? No es el camino”, expuso Hernando, quien también dio a entender que el Gobierno no aplicará el artículo 155 de la Constitución, que permitiría suspender competencias de Catalunya previa aprobación del Senado, a menos que haya acuerdo con el PSOE. “Si solo es adoptado por una fuerza política en el Senado, es difícil que tenga el respaldo de la mayoría de la sociedad catalana”, argumentó. El portavoz conservador evitó criticar al PSOE por la recusación de Santamaría. “No me cabe ninguna duda de que el señor Sánchez es un aliado en la defensa del Estado de derecho”, dijo.