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EL ÓRDAGO INDEPENDENTISTA

1-O: represión contra votos

La violencia policial provoca 844 heridos pero no logra evitar que 2,2 millones de catalanes voten en el 1-O

Puigdemont inicia los trámites para que el Parlament proclame la independencia en los próximos días

Jose Rico

La Policía Nacional carga en la escuela Ramon Llull de Barcelona.

La Policía Nacional carga en la escuela Ramon Llull de Barcelona. / FERRAN NADEU

El 1 de octubre del 2017 fue, en efecto, un día histórico en Catalunya. No fue el día de la independencia, pero sí una jornada en la que sus partidarios obtuvieron el triunfo más valioso a ojos de muchos detractores de la secesión en Catalunya y en el resto de España y, sobre todo, a ojos de la preciada comunidad internacional. Una victoria moral servida en bandeja de plata por el Gobierno de Mariano Rajoy desde el instante en que decidió apretar el botón nuclear que suponía reprimir el voto desafiante pero pacífico del soberanismo con una violencia desproporcional e indiscriminada que causó 844 heridos pero que resultó inútil para evitar una participación, según el Govern, similar a la del 9-N: 2.262.424 votantes, el 42,34% del censo. El 90% de las papeletas fueron del 'sí'.

Catalunya y España entran a partir de ahora en una dimensión tan desconocida como endemoniada, cuyo primer estadio lo fijó el 'president' Carles Puigdemont en forma de redoblado desafío al Estado: el compromiso de una inminente declaración unilateral de independencia en el Parlament. El propio jefe del Govern aseguraba la semana pasada que esta opción no estaba «sobre la mesa», pero ayer emergió tras vislumbrarse la brutalidad policial.

El acelerón rupturista, además de suponer otra zancadilla para el diálogo, entraña riesgos severos. El Estado le ha enseñado a Puigdemont la puerta de la inhabilitación, o incluso de la cárcel por un delito de rebelión. Y para el Govern, caminar hacia la DUI supone corresponder a la CUP pero dejando otra vez en el alambre un apoyo, el de los 'comuns', que ayer se hizo un poco más estrecho con cada golpe de porra. Pero antes de esa hipotética DUI, sindicatos y entidades medirán la temperatura social con una convocatoria de huelga general este martes.

El ejemplo más palmario de la intencionalidad política de las porras fue que cuando la Policía Nacional y la Guardia Civil recibieron la orden de usar la fuerza, el Govern de Carles Puigdemont acababa de admitir implícitamente el fracaso de su desafío al cambiar las reglas de juego a falta de apenas una hora para abrir los colegios. Decretó que cualquier ciudadano podía votar en cualquier colegio al haber muchos clausurados, que se podía votar sin sobre al haberse confiscado la mayoría de ellos, y que se podía imprimir en casa la papeleta allá donde no hubiesen suficientes existencias.

Una vulneración de la propia ley del referéndum con la que el Govern certificaba algo de lo que el Ministerio del Interior se jactaba a los pocos minutos: la consulta quedaba logísticamente desguazada. Pese a ello, la orden judicial de abortar hasta el último resquicio del 1-O fue políticamente ejecutada con un extremo celo que llevó a policías y guardias civiles a abrirse paso entre los retenes de voluntarios que custodiaban los colegios a porrazo limpio, con el forzado pretexto de la pasividad de los Mossos d’Esquadra, que al alba se ciñeron a las órdenes de su major y no hicieron otra cosa que levantar actas de situación y echar la cerradura solo a aquellos centros de votación sin multitudes apostadas en la puerta.

A DIESTRO Y SINIESTRO

La violenta represión policial hizo revivir escenas del pasado, como el disparo de pelotas de goma –una de ellas hirió de gravedad en el ojo a un manifestante–, y llegó a tal extremo que incluyó imágenes como la de un agente partiendo con saña uno a uno los dedos de una mano a una mujer, otro policía aporreando sin cesar a una anciana, regueros de sangre en las cabezas de algunas personas, y agresiones a autoridades políticas (como a la 'consellera' de Ensenyament, Clara Ponsatí) y a periodistas (como a nuestro compañero Xabi Barrena).

La exhibición de fuerza bruta llevó como guinda una calculada obstinación de la policía por infligir otro golpe de efecto político: impedir que los líderes del independentismo institucional votasen con normalidad. Los agentes solo lograron cerrar 319 puntos de votación, el 14% del total, pero entre los primeros que seleccionaron estratégicamente estuvieron aquellos donde debían votar el 'president' Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y el presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que tuvieron que trasladarse a otros centros para votar.

Esta sucesión de aterradoras imágenes corrieron como la pólvora por las redes sociales y levantaron varias olas de reacción. La más insólita fue el descarnado enfrentamiento entre cuerpos policiales, que se tradujo en escaramuzas entre agentes en la calle, lágrimas de mossos y un cruce de querellas. La Generalitat contra la Policía y la Guardia Civil por los disturbios y siete jueces contra los Mossos por desobediencia.

La solidaridad con la policía autonómica enraizada con los ataques yihadistas de Barcelona y Cambrils de nuevo brotó ayer cuando los votantes agradecieron a los mossos que no reprimiesen al gentío y contribuyesen de facto a salvaguardar la supervivencia del 1-O, convertido en una nueva movilización popular que reventó los perímetros del secesionismo hasta congregar alrededor de las urnas a ciudadanos que miraban de reojo o con tirria a la consulta. Incluso la renuente comunidad internacional dio varios toques de atención a Rajoy con llamamientos al diálogo, aunque ninguno de ellos procedente de pesos pesados de Europa y el resto del mundo.

El universo mediático miró hacia Catalunya con un nivel de pasmo en sus titulares de portada inversamente proporcional a la reacción que mostró Rajoy, que expulsó toda culpa hacia la Generalitat y se limitó a anunciar que convocará a los partidos y comparecerá en el Congreso. A esa cita acudirá, salvo sorpresa, con el apoyo de Pedro Sánchez, que pese a criticar las cargas policiales, evitó desmarcarse del presidente, a riesgo de reabrir heridas con el PSC, que exigió la dimisión de Rajoy.

La ola de solidaridad desbordó las fronteras de Catalunya y se reprodujeron en varias capitales españolas, entre ellas Madrid, concentraciones de rechazo a la violencia policial.

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