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EL ÓRDAGO SOBERANISTA

El Tribunal de Cuentas impone una fianza de 5,25 millones a Mas y sus 'exconsellers' por el 9-N

El expresidente catalán, como máximo responsable, debe responder por todas las cantidades

Disponen de 15 días para depositar el importe o se iniciará el procedimiento de embargo

Ángeles Vázquez / J. G. Albalat

El tribunal de Cuentas reclama al expresidente Mas 5,2 millones por la consulta del 9N. / FERRAN NADEU /ATLAS VÍDEO

El Tribunal de Cuentas suele dictar sus resoluciones años después de la malversación investigada. En esta ocasion no ha contradicho su tradición, pero la proximidad del 1-O ha dado apariencia de inmediatez al acta de liquidación provisional por la que reclama 5.251.948 euros al 'expresident' Artur Mas, a tres de sus 'exconsellers' y a cinco cargos y excargos de la Generalitat por el uso de fondos públicos para sufragar la consulta del 9-N.

Los abogados de Mas, de su exvicepresidenta, Joana Ortega, y de sus 'exconsellers' Irene Rigau y Francesc Homs asistieron al acto de alegaciones y levantamiento de acta de liquidación provisional correspondiente a la denuncia presentada por la consulta del 2014 la Sociedad Civil Catalana, Associació Cívica y Cultural y Abogados Catalanes por la Constitución, que en todo momento contó con el apoyo de la Fiscalía.

Solo los interventores Jordi Serra y Carolina Pardo tuvieron éxito en sus alegaciones y fueron exonerados provisionalmente. Los demás deberán responder de forma solidaria con 4.831.599,03 euros, más los intereses generados hasta el momento, que ascienden a 420.349,14 euros.

La cantidad se divide en partidas, al frente de las que siempre está Mas como máximo responsable de la Generalitat cuando se produjo el 9-N. Debe ser abonada en 15 días, plazo tras el que una vez transcurrido se iniciarán los trámites para proceder al embargo de sus bienes y cuentas bancarias.

Ordenadores y soporte informático 

La partida más alta es la relativa a la adquisición de ordenadores para las mesas de votación, que asciende a 3.044.399,09 euros, que deben afrontar solidariamente Rigau y Mas. A Homs se le atribuye la responsabilidad por 2.127.580,09 euros por varias partidas (publicidad, elaboración del soporte informático, envío de información, centro de información y centro de prensa). A Ortega, por las partidas relativas al registro de la página web, material para la votación, seguros para los voluntarios, soporte informático y campaña informativa se le exigen 839.520,26.

En total, el Tribunal de Cuentas divide así el gasto que supuso el 9-N: registro de una página web institucional (80,49 euros); material para la votación (54.694,92); ordenadores (3.044.399,09); publicidad institucional (876.560,63); seguros de voluntarios (1.531,87); soporte informático (759.470,76); envío de información (334.755,47); centro de prensa (156.793,23), y producción de la campaña informativa (23.661,71).

Aparte de Mas y los 'exconsellers' Homs, Rigau y Ortega, el Tribunal de Cuentas atribuye responsabilidad a los cargos y excargos de la Generalitat Lluis Beltrán, Josefina Valls, Ignasi Genovés, Jordi Vilajoana y Jaume Domingo.

Rafael Entrena, abogado de Mas, Ortega y de otros dos implicados, manifestó su "absoluta disconformidad" con la resolución. "Creemos que es un clarísimo ejemplo de desviación de poder, se está instrumentalizando al Tribunal de Cuentas para exigir en la práctica responsabilidades políticas y advertir a terceros, porque no se dan los requisitos para exigir una responsabilidad contable", señaló.

Independiente del Supremo y del TSJC

El letrado se mostró confiado en que la liquidación no pierda el carácter de provisional tras los recursos que interpondrán las defensas. Para la cantidad definitiva se deberá esperar a la sentencia que dictará el Tribunal de Cuentas en el procedimiento contable que tiene abierto y que es independiente de los procesos penales que se siguieron en el Tribunal Supremo contra Homs -al ser entonces diputado en Madrid- y en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra Mas, Rigau y Ortega.

Ninguno de los dos tribunales les condenó por malversación de caudales, ya que en ninguna de las dos causas lo planteó la fiscalía. Por ello, el gasto de dinero público para la consulta del 9-N no fue juzgado por la vía penal.

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